La legalización y escriturización de sus terrenos, servicios básicos, y que no circule más el tren. piden habitantes de comunidades en la via férrea a diputados del FMLN, ARENA, PDC y presidente de CEPA, Guillermo López Suárez. Foto Diario Co Latino/Rodrigo Sura
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino
Dina Nerio y Francisco Mejía están a un costado de la carretera Troncal del Norte, cerca del kilómetro 9. Se encuentran entre una multitud de personas, en medio de un insoportable calor, el ruido de la locomotora del tren, los ofrecimientos de funcionarios y, sobre todo, en medio de las esperanzas que tienen en legalizar sus propiedades.
Ambos residen en la comunidad San Rafael, de Santa Tecla. Esa comunidad es uno de tantos asentamientos ubicados en las cercanías de la línea férrea, que ahora podrían ser legalizados y reconocidos como propiedades. Esta pareja es sólo una muestra de las miles de familias que viven a orillas de las líneas férreas, en distintos puntos del país.
Francisco Mejía es presidente de esta comunidad y dice que el problema de ellos “no es nuevo”; ya que, si bien el tren ha dejado de circular por la zona, siguen sufriendo el problema de la falta de legalización de las propiedades. Su lucha se remonta a 1998, asegura.
“El terreno (donde está la comunidad) sabemos que es de tres dueños: ANDA, MOP y CEPA, son cerca de 750 familias… Y en la parte de la línea férrea nosotros tenemos un total aproximado de 170 familias”, comenta Mejía.
Ayer, tanto Dina como Francisco, y muchos habitantes de las comunidades ubicadas en las cercanías del tramo ferroviario, particularmente aquellas de la zona norte, asistieron a un encuentro organizado por la Comisión de Obras Públicas, de la Asamblea Legislativa, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y las organizaciones comunales, para discutir la temática. El encuentro fue breve. Las familias se aglomeraron ante los diputados del FMLN, ARENA y PDC, que llegaron a este encuentro, junto con el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez; el alcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero, entre otros funcionarios. La reunión les permitió exponer concretamente tres peticiones: lograr la legalización y escriturización de sus terrenos; gozar de servicios básicos, como luz y agua potable; y que no circule más el tren.
Y es que CEPA, a través de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL), ofrece desde 2004 servicios de tren de pasajeros, y, en el último año, benefició a un aproximado de 224 mil 727 personas. Son cerca de 500 pasajeros que se trasladan diariamente, aunque ello implica poner en riesgo la vida de miles de personas que habitan a lo largo de este tramo.
El tren de pasajeros realiza dos recorridos (ida y vuelta) a diario, saliendo de la estación de San Salvador, pasando por Ciudad Delgado, hasta llegar al municipio de Apopa y viceversa; con un costo de $0.10 centavos.
Entre la multitud, Dina comenta que hace 35 años reside en la comunidad San Rafael y, ahora, junto a Mejía, dicen tener mucha confianza en que el actual Gobierno resuelva esta situación de incertidumbre, que han tenido por mucho tiempo. “Son 20 años en que no nos atendieron… Primero Dios, que toque el corazón de este Gobierno para solucionar nuestra situación”, precisó Nerio, petición que comparten muchas familias.
Los legisladores, durante la visita, recorrieron el tramo de San Salvador, Ciudad Delgado y Apopa, con el fin promover el proyecto de “Ley de Desafectación y Traspaso de los Terrenos del Tramo Ferroviario en Desuso, a favor de las Familias e Instituciones que las Habitan”, que la semana pasada fue presentado al congreso por el Ministerio de Obras Públicas.
El presidente Mauricio Funes, durante la campaña electoral, se comprometió a dar una solución a las comunidades de la vía férrea, que hoy esperan se concreten.
Los habitantes de la comunidad San Rafael están concientes de que no entran como beneficiarios en este proyecto de Ley, ya que el mismo sólo comprende una estabilidad para 18 comunidades a escala nacional, pero no pierden las esperanzas. Los diputados buscan generar seguridad física y jurídica de los habitantes de estos lugares, y la factibilidad de otorgar la legalidad de viviendas y terrenos donde habitan actualmente.
El presidente de CEPA consideró que, si bien la Ley es un primer paso, aún hacen falta otras propuestas que esperan materializar en esta administración.
Las comunidades asistentes al encuentro esperan una solución inmediata. Los diputados partieron ayer con un compromiso de solventar esta problemática, que data de muchos años, mientras que las familias continuarán exigiendo sus derechos.
Un viaje en el tren
Desde la estación de FENADESAL, los legisladores de la Comisión de Obras Públicas partieron hasta Apopa. Luego de cambiar sus vehículos por el tren, observaron impresionados la forma de vida de muchas familias, las condiciones de pobreza y el peligro que corren cuando está en marcha el “Caballo de Hierro”.
Además percibieron, con el paso de los vagones, la vulnerabilidad de las familias que habitan en humildes viviendas de lámina, cartón y unas cuantas de concreto.
Los diputados fueron recibidos con aplausos y saludos, pero con carteles como: “Pedimos la suspensión y circulación del tren”.



