Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, consideró que es mejor esperar hasta el próximo año, para aplicar la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).

LEPINA fue aprobada el 26 de marzo y fue publicada en el Diario Oficial el 16 de abril de 2009, que establecía su vigencia, según el decreto legislativo, año después, pero fue cancelada hasta 2011.
Meléndez afirmó que se ha hecho un esfuerzo muy importante para dotar al país de una ley integral que permita al actual gobierno implementar políticas públicas destinadas a favorecer a la niñez y adolescencia salvadoreña.

Esta ley, por ahora, es la parte sustantiva que reconoce derechos, aunque “los mecanismos como parte complementaria de ésta se hayan postergado para el otro año, según explicó el magistrado.
Asimismo, valoró en su «opinión muy personal», que cualquier dilación en la implementación de la LEPINA se debe considerar como una medida acertada, antes que se produzca un fracaso en la aplicación.

“En mi opinión individual, si en realidad no se está preparado en este país, para aplicar una ley de tal envergadura, es preferible mejor prepararse, y a corto plazo, para tener esa capacidad institucional y presupuestal, así como capacidad técnica en todo el personal que va a trabajar con LEPINA y tener resultados óptimos, y que no sea una frustración que genere falsas expectativas al hacerla cumplir”.

No obstante, las defensorías de la Niñez y Adolescencia y la Juventud (DNAJ) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) rechazaron la decisión legislativa de aplazar la implementación de la LEPINA.

Para las organizaciones existe un «doble discurso» si en el último informe, ante el Comité de Derechos del Niño, el 21 de enero de 2010, el Estado salvadoreño señaló uno de los principales logros en esta materia, con la ley.

«La demora oficial trascendió el viernes 16 de abril, plazo establecido para que iniciara su labor el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y la puesta en marcha de LEPINA, y no se incluyó en el Presupuesto General de la Nación de 2010, los recursos financieros para el despliegue de la actividad prevista», señalaron.

La DNAJ y el IDHUCA consideraron que el Estado salvadoreño debe establecer plazos claros y definitivos en una agenda; definir con precisión la entidad responsable de evaluar el cumplimiento de ley; y también, que se convoque a las organizaciones sociales pro derechos de la niñez y adolescencia para una verificación transparente de su ejercicio laboral.