San Salvador/dpa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a El Salvador un plazo de 45 días para que le entregue un cronograma, que contenga cómo va a cumplir las recomendaciones para que haya justicia por el asesinato de seis padres jesuitas, y dos de sus empleadas, ocurrido hace 20 años.

La información la brindó Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), quien actúa en representación de las víctimas, en uno de los casos que ventila la CIDH en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, durante la guerra civil (1980-1992).

El plazo otorgado por la CIDH cuenta a partir del 22 de marzo del presente año, cuando tuvo lugar la audiencia en Washington, sede del organismo humanitario interamericano. «Las recomendaciones desde hace años fueron y siguen siendo: investigar de manera imparcial y objetiva los hechos (el asesinato de los jesuitas); sancionar a todos sus responsables; reparar el daño a las víctimas y adecuar la legislación interna para dejar sin efecto la Ley de Amnistía (1993)», aclaró Cuéllar.

El también defensor de los derechos humanos dijo que «los representantes del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) dijeron en la audiencia que, a pesar del cambio de discurso del actual gobierno, las recomendaciones en el caso jesuitas siguen totalmente incumplidas y que el caso se mantiene en absoluta impunidad. El Estado salvadoreño no pudo responder nada ante ello».

IDHUCA y CEJIL actúan en el proceso en representación de las víctimas por el asesinato de los sacerdotes Jesuitas. Por su parte, David Morales, director general de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador, dijo en la audiencia que «El Salvador reconoce plenamente la autoridad de la CIDH», y que por tanto, se reconocía el carácter vinculante de sus recomendaciones.
Además, Morales declaró que «el Estado Salvadoreño se compromete a cumplir de buena fe» las recomendaciones emanadas.

Como parte de la nueva visión y discurso del Estado salvadoreño ante la CIDH, Morales explicó los cambios que ha implementado el Gobierno, específicamente, el Presidente de la República, Mauricio Funes, al haber condecorado, en noviembre de 2009, con las máximas órdenes nacionales a los seis sacerdotes jesuitas, encabezados por Ignacio Ellacuría, para reconocer el mérito intelectual de las víctimas.

Igualmente, Funes pidió perdón, en enero de 2010, a la sociedad salvadoreña y a sus víctimas por los abusos y crímenes de guerra, que cometieron agentes del Estado durante la guerra civil (1980-1989), en la cual murieron 75 mil personas y otras 8 mil fueron desaparecidas.

La abogada Camila Rosas, funcionaria de cancillería salvadoreña, explicó ante la audiencia que el Estado Salvadoreño tiene toda la voluntad de cumplir con las recomendaciones de la CIDH y que en tal sentido, expresaba su deseo de retomar un diálogo entre el Estado y los peticionarios; así como con los familiares de las víctimas.

Sin embargo, Rosas informó que «lamentablemente» no puede dar a conocer avances en las recomendaciones dadas en cuanto a las investigaciones, ni en adecuaciones de la legislación interna referente a dejar sin efecto la Amnistía General de 1993. En ambos casos las acciones corresponden, respectivamente, al Fiscal General de la República, Romeo Barahona y a la Asamblea Legislativa.
«Nos parece totalmente incoherente con el discurso del actual gobierno, el querer descargarse las responsabilidades que le corresponden como Estado. No sólo le corresponden las reparaciones... En el fondo seguimos en lo mismo», opinó Cuéllar.

Cuéllar, hasta el momento, no es muy optimista. Pero recalcó que en estos 45 días se observará realmente la voluntad del nuevo gobierno.