Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

No quieren un acto privado, ni mucho menos en Casa Presidencial. Los miembros de la “Concertación Nacional Monseñor Romero”, creen que el perdón que ofrecerá el Presidente Funes, el próximo 24 de marzo, por el asesinato de Monseñor Romero, debe ser en catedral Metropolitana, lugar donde oficiaba sus homilías al pueblo.

Para este importante momento, consideran que deben de estar presentes los tres poderes del Estado, las familias, las organizaciones que han trabajado los últimos 20 años en mantener el legado de Monseñor Romero y la población.

“El atrio de la catedral metropolitana es un lugar que permite la asistencia amplia y representativa del pueblo, las iglesias, las fuerzas vivas del país, la solidaridad internacional, y por supuesto los tres órganos del Estado que tienen el deber de estar en el acto”, pidió Jorge Alberto Ramírez, después de leer la carta donde hacen la petición directa.

Para la Concertación, el lugar simboliza elocuentemente el ejercicio de su misión de “maestro, de mediador y de pastor del pueblo salvadoreño”.

El sábado 13, durante la celebración del concierto a Monseñor Romero, el Presidente Funes dijo que pediría perdón porque el obispo mártir es un referente para el nuevo gobierno y su lucha serviría como una guía.

Esta iniciativa del presidente es importante para la Concertación, que ha mantenido vivo el trabajo y el mensaje de Romero.

El Arzobispo fue asesinado el 24 de marzo de 1980, según el informe de la Comisión de la Verdad, el autor intelectual fue el fundador del partido ARENA, Roberto D´Aubuisson.

Después de 30 años de cometido el crimen, no existe una condena o justicia.
Las organizaciones sociales han expresado que las nuevas autoridades deben de buscar que existe justicia en este caso, que fue tipificado como un magnicidio.

Jorge Raúl Ávalos, también de la Concertación, recordó que una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), era que se tenía que esclarecer el crimen.

“Nosotros, como Concertación de la sociedad civil, lo que pedimos es justicia, ya los procedimientos tienen que verse técnica y legalmente, aunque pensamos que la Ley de amnistía es una de las cosas que permite la impunidad en este país”, sentenció Ávalos.

Sin embargo, el ejecutivo se ha defendido argumentando que una derogación de ley no le compete, sino a los diputados de la Asamblea Legislativa, que representan a los diferentes partidos.

Hasta hoy, la derogación ha sido un punto muerto. El ejecutivo, para resarcir los daños que causó el crimen, se comprometió a construir un monumento del Arzobispo, crear un documental y llegar a un acuerdo con la familia, aunque no se ha especificado como se cumplirá con estas reparaciones.