Atilio Ramírez Amaya hijo

III
Este libro es un manual que muestra en primer término el sistema penal Salvadoreño verdadero, e indica, brevemente, el sistema penal codificado, aislado de la tierra y teledirigido por la policía y sus ayudantes en la fiscalía. Ha sido elaborado, en parte, para asolear nuestras úlceras, entender nuestras tristezas y esperanzas en una mejor administración de justicia penal total, es decir, incluyendo los segmentos que los Códigos esconden: la policía y la fiscalía; y en primer término, la actitud perversa del ejecutivo contra los grupos más vulnerables.

Para nosotros, estudiosos y profesores de ciencias penales, es obligado explicar el contenido del sistema penal y las ideas guías que deberán ordenar el pensamiento de todo aquél que pretenda hacer derecho penal en El Salvador. Estamos mal acostumbrados al malinchismo guanaco y únicamente hacemos labor de copia de otros ambientes, personas y leyes. Quien haga penal no puede ignorar la historia, sobre todo la reciente, cargada de prepotencia económico-castrense, corrupción e impunidad.

La muerte de Monseñor Romero y de los padres Jesuitas transformó la mente de los salvadoreños. No podemos ser los mismos luego de esos asesinatos, aún impunes. Posiblemente antes de tales crímenes, todavía con la guerra a caballo, algunos señores (de la alta gerencia económica y militar) creyeron en cierta tranquilidad jurídica. En verdad, y este es el lugar para decirlo, históricamente nunca gozamos de ella, mucho menos de seguridad. Ese lujo fue patrimonio de los otros, los uniformados, los dueños de la tierra, de los bancos, del comercio nacional e internacional; y del gobierno de turno.
Con Chapultepec nacieron las esperanzas.

No hay duda que hubo cambios para mejorar, pero no los suficientes. La transformación del Estado restando poder a los señores del fusil, la desaparición de la guardia nacional, policía de hacienda, policía nacional, y guerrilleros, fueron síntomas de mejoría.

Desgraciadamente, por decisión del ejecutivo, e incapacidad propia que nunca ha podido superar, la fiscalía general en la actualidad está a la orden de la policía. Dentro de este cuerpo quedaron enquistados elementos corruptos de la vieja policía nacional. Los fiscales ahora les hacen los mandados a los policías.

La escuela judicial se procesalizó encerrándose en conferencias magistrales dictadas por profesores españoles y argentinos ahistóricos en relación a lo nacional, quienes en sus tierras nunca han sido jueces, ni trabajadores judiciales.

La Fiscalía, en la celebración del día internacional de las personas discapacitadas,   demostrando lo aprendido en materia penal, lógica jurídica y sana crítica, decidió recientemente procesar por robo (apropiación violenta contra las personas) a un hombre ciego.

¿Cómo exigirles a nuestros funcionarios judiciales,  jueces y fiscales,  una cultura jurídica que nunca se les enseñó, ni tuvieron, ni se les dijo cómo buscarla o dónde hallarla? ¿Cómo explicarles que los manuales extranjeros no contienen la información histórica completa de von Liszt, von Weber, Freudenthal, Frank, Goldsmidt, Beling, Zu Dhona, Mezger, Sauer, Maurach, Welzel, principalmente? ¿Cómo hacerles ver que el derecho penal no nace con lo que relatan profesores extranjeros, que los mismos, y rutinariamente, dan las mismas lecciones procesales? Es triste reconocer públicamente la falta de cultura jurídico-penal. Además ¿Cómo quitarles a los jueces el temor al Consejo de la Judicatura y a la Corte? En materia penal no existen lazos intelectuales que liguen a políticos con jueces. Los jueces desconfían de los políticos, aunque entre éstos haya funcionarios judiciales de alto rango, que para suerte del usuario casi no resuelven problemas jurídicos.