Gabriela Castellón
Redacción Diario Co Latino

Los diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción del FMLN, apoyaron ayer un nuevo acuerdo para reformar la Ley Penal Juvenil, que será analizado la próxima semana en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Según la derecha legislativa, Casa Presidencial dio el aval ayer, durante una reunión con dichos partidos, a una parte de la nueva propuesta.

El nuevo proyecto surgió luego de que el veto del Presidente de la República, Mauricio Funes, a las reformas a la Ley Penal Juvenil, lograra sólo 55 votos y pasara al archivo. Sin embargo, los diputados realizaron dos horas después una segunda votación, sin el apoyo del FMLN, para extraer el decreto del archivo y, así, no esperar los seis meses reglamentarios para volver a tratar la temática.

La nueva propuesta para endurecer las penas a menores, siempre cuenta con el límite de los 15 años, como pena máxima; pero ahora se establece en qué tipo de delitos. Según la nueva reforma al artículo 15 de la Ley, sólo se podrán dar los 15 años de pena cuando el menor cometa los delitos de homicidio simple, agravado; proposición y conspiración en homicidio agravado; extorsión, secuestro, violación y agresión sexual; entre otros.

Además de las reformas al artículo 15, la propuesta incluye cambios en el artículo 17 y 18. En el primero, se indica que la duración de las medidas no excederá de cinco años, “salvo lo dispuesto para menores que hubieren cumplido dieciséis años al momento de la comisión del hecho”. Además, el juez de ejecución de la pena realizará cada seis meses una revisión de oficio de las medidas impuestas, para asegurarse de que la circunstancia no afecte el proceso de reinserción social del menor.

En relación al artículo 18, se establece que, cuando el menor llegue a la mayoría de edad (18 años), y la pena aún sea vigente, esta continuará, salvo que el juez la revoque. Sin embargo, si el menos acaba de cumplir los 16 años, al momento de cometer el hecho, no se podrá revocar la pena, si este no ha cumplido al menos las tres cuartas partes de ella.

Para la bancada del FMLN, que además aseguró que no había sido convocada por la Presidencia, esta nueva propuesta de reforma también “deberá ser vetada por el Presidente”. El argumento de los efemelenistas es que siempre contiene la pena máxima de los 15 años, algo que el Ejecutivo señalaba de inconstitucional en el primer documento. Además, el diputado Benito Lara lamentó la “gran oportunidad” de que la Corte Suprema de Justicia diera una resolución sobre la constitucionalidad de las primeras reformas.

A pesar de la negativa del partido en el Gobierno, la derecha representada en la Asamblea se mantiene optimista con la nueva reforma, ya que consideran que esta vez sí se ha realizado una consulta previa con los sectores involucrados.

Antonio Almendáriz, del PCN, dijo que espera que la próxima semana se consiga un dictamen favorable, ya que “esta es una reforma integral”. Agregó que reconocía que habían cometido “errores” en el decreto que vetó el Presidente, pero que está seguro de que esta vez sí se logrará un consenso y una aprobación del Ejecutivo.