Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La jueza María Isabel Ponce, del Juzgado Segundo de Menores, rechazó el manejo que los medios de comunicación hacen del escrito girado al matutino La Prensa Gráfica.

La solicitud de la jueza de prohibir que se continúen mostrando publicaciones de fotografías, así como nombres y apellidos completos del menor inculpado, Jonathan N., obedece a que viola el régimen jurídico especial para menores en conflicto con la ley.

Jonathan N. , ha sido requerido por la Fiscalía General de la República (FGR), por la “supuesta comisión de la infracción penal de homicidio agravado”, contra el joven Carlos Francisco Garay Granados, hecho ocurrido en horas de la tarde del 11 de marzo de 2010.

“La investigación (de la LPG) no es antojadiza, ni a mi arbitrio, sino basada en lo que me ordena el artículo 35, inciso 2 de la Constitución de la República y el artículo 115 inciso 2 y 117, reformado, de la Ley Penal Juvenil”, argumentó.

La violación a la “garantía de discreción” que contempla el Capítulo IX, bajo el título de Infracción a la Presente Ley, en su artículo 115 establece que: “El que infrinja lo dispuesto para la garantía de discreción, será sancionado por el juez con multa equivalente de uno a diez días de salario mínimo”.

Y que en su inciso refiere : “Si la infracción se cometiere por un medio de comunicación social, los responsables de él serán sancionados por el Juez con multa equivalente de uno a cien días de salario mínimo, según la gravedad del hecho”.

Con la lectura del artículo, la Jueza Ponce señaló que en ningún momento se va a enjuiciar al fotoperiodista Nilton García, o al periodista, por las publicaciones, aduciendo que la investigación que debe realizar la Fiscalía General de la República, es para ver si procede determinar una sanción o multa, no un proceso penal.

“Yo, como no sé quién es el responsable de los medios de comunicación que virtió la minoría de edad y sacó la cara, -por eso- mandé las instrucciones a la Fiscalía, porque eso manda la ley”, dijo.
Y agregó “Usted puede llevar la información y dársela a su jefe, pero ¿quién es el que autoriza?, pues claramente la investigación es hacia esos responsables”

Asimismo, el artículo 35 de la Constitución de la República añade: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial”.

“Al administrar justicia, no lo hago a título personal, ni bajo inclinaciones políticas, ni bajo la presión de aquellos medios de comunicación que desconocen la ley y obedecen a intereses particulares, sino que, lo hago en nombre de la República de El Salvador, y el conocimiento profesional que tengo de la ley”, aclaró.

Asimismo, rechazó la publicación del matutino aludido en referencia a que, el 18 de marzo, en su página 3, citara que “la jueza aduce que los menores acusados de cometer crímenes están respaldados”.

“Lo cierto es que al estar investida como Jueza de Menores de la República de El Salvador, a lo que estoy obligada es a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías, tanto de los menores inculpados como de las víctimas, así como también, a impartir justicia en apego a la ley”, argumentó.
Sobre las excepciones de publicar las imágenes de menores, que señaló el Magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ulices del Dios Guzmán, la jueza Ponce, explicó “en este caso no había nada de eso”.

“La competencia del juez se podría dar de oficio o a petición de parte, y mediante resolución fundada que autorice la publicación e información sobre la imagen del menor, para facilitar su localización respetando su dignidad”, dijo.

Sobre los otros medios de comunicación, que de igual manera sacaron las fotografías y nombres completos del imputado, la jueza dijo que tendrían igual tratamiento, aunque señaló “es para todos, pero como yo no tengo esos periódicos, no puedo todavía, porque yo estoy investigando. La ley me da 30 días, para realizar la audiencia oral, para imponer una multa, no una acción penal, pero será para los responsables de los medios de comunicación ”, puntualizó la juez Ponce.