Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, aseguró que el gobierno salvadoreño, necesita fortalecer la Ley de Transparencia, para ganar la confianza de la población, en general.

Villalta dijo compartir el interés mostrado por diversas instituciones del país, para que se apruebe una ley de transparencia, y reconoció los esfuerzos del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, por elaborar un anteproyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información.

“Anteproyecto que posteriormente fue retomado por FUSADES y el grupo promotor. También, reconocemos el esfuerzo del FMLN por presentar un anteproyecto de ley de acceso a la información pública. Ambos proyectos cumplen con los estándares del Consejo de Asuntos Jurídicos y políticos de la OEA”, manifestó Villalta.

Para el director ejecutivo del ISD, la transparencia pública implica una serie de condiciones de confianza y certidumbre entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, la cual, se basa en reglas claras, como el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y valores democráticos.

En ese sentido, Villalta dijo considerar que las propuestas adolecen de mecanismos de participación cuidadana y el control social, así como de regulaciones más específicas sobre la rendición de cuentas.

“Consideramos que existen puntos que requieren mayor discusión y consenso, tales como la calificación de información reservada y confidencial, particularmente lo relativo al secreto bancario, comerciales, fiscales y los plazos de reserva de la información, entre otros aspectos.

Por su parte, el coordinador del área de transparencia e incidencia de prácticas públicas del ISD, Juan José Ortiz, dijo que la institución garante de transparencia no puede estar representada solo por entidades del sector privado, en particular la ANEP.

“Por cuanto puede generar conflicto de interés, ya que sus representantes son parte interesada al participar de las licitaciones y contrataciones con el Estado”, agregó Ortiz.

Ortiz dijo estar convencido que un anteproyecto de esta envergadura, requiere del respaldo de los diversos actores sociales, políticos e institucionales, por lo que su discusión requiere del concurso y la participación de los partidos políticos, entidades de gobierno, universidades, municipalidades, asociaciones de profesionales, iglesias, entre otras instituciones.