Gabriela Castellón
Redacción Diario Co Latino
 
Los diputados del FMLN y ARENA se mantienen en la posición de superar este día el veto del Presidente de la República, Mauricio Funes, a las reformas a la Ley Penal Juvenil, que subiría la pena máxima de siete a 15 años. Sin embargo, sólo cuentan con el apoyo del diputado independiente, Orlando Arévalo, con el que llegarían a 55 votos. Antonio Almendáriz, del PCN, aseguró minutos antes de la sesión plenaria que su decisión de apoyar la superación había cambiado.

Benito Lara, del FMLN, adelantó esta mañana que su postura seguiría firme y, durante el desarrollo de la plenaria, se reuniría la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde propondrían llevar a cabo la superación del veto. Sin embargo, Lara explicó que, de no obtener los votos, el veto pasaría a archivo y “se perdería la oportunidad de que la Corte Suprema de Justicia decida sobre la inconstitucionalidad del decreto”.

El partido de oposición, ARENA, en representación del diputado Guillermo Ávila, sentó postura al asegurar que no acompañarían ninguna otra propuesta, ya que “debe superarse el veto, porque consideramos que no es inconstitucional”.

El diputado efemelenista agregó que su partido no apoyaría ningún otro tipo de reformas a la Ley Penal Juvenil, que pretenda incrementar y endurecer las penas, porque podrían provocar otro veto. Dijo que estarán a la espera de que el Ejecutivo realice un estudio con “una revisión integral”, sobre la problemática.

Entre algunas de las propuestas en torno a reformas a dicha Ley, se encuentra el castigo a personas adultas que utilicen menores para delinquir, y el castigo a menores reincidentes. Estas propuestas podrían ser discutidas este día por los legisladores.

Apoyan veto
Integrantes de la comisión que el Ejecutivo encargó para analizar el decreto, además de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), visitaron ayer a los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para analizar la temática del veto a las reformas a la Ley Penal Juvenil.

 Entre los funcionarios que realizaron la visita está Aída Santos de Escobar, Presidenta del Consejo de Seguridad Pública;  Jaime Martínez, director de la Academia de Seguridad Pública; Dionisio Machuca, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia; y Claudia Umaña, Directora de Asuntos Jurídicos de FUSADES.

Machuca manifestó que el problema en el decreto que el Presidente Funes regresó vetado al palacio legislativo no radica en el número de años incrementados; sino en la manera en la que se tomó la decisión y que, por tanto, cae en inconstitucionalidad en determinados aspectos, como los tratados internacionales de protección y los derechos de la niñez.

A pesar de que la posición de FUSADES es que el decreto no es inconstitucional, y que “los tratados siempre dejan márgenes para que cada país adapte las cosas a su circunstancia nacional”, Aída Santos de Escobar dijo que era de suma importancia realizar un “análisis integral de la norma”. Santos de Escobar agregó que lamentaba la ausencia de los jueces de menores en la reunión, además de la de los diputados del partido en el Gobierno, que no asistieron a la sesión de la Comisión.

En el mismo sentido de un análisis más profundo, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que es bueno que el Ejecutivo muestre que no se está “en una lucha de ‘mano dura’ y ‘súper mano dura’”, que, como lo señaló minutos antes Aída Santos, sólo ha servido para “incrementar el número de crímenes”. Sin embargo, el pedecista hizo el llamado a que se cree una reforma que castigue a los jóvenes que cometan hechos delictivos. Agregó que debe hacerse de una manera responsable y seria. “¿Para qué vamos a dar una reforma que luego no pueda ser ejecutada?”, dijo.