Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

Lo que caracterizaría un buen pacto fiscal en el país es que obligue a los sectores poderosos del empresariado salvadoreño a pagar los impuestos que el Estado necesita para financiar sus políticas públicas.

El economista e investigador de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Raúl Moreno, es enfático en decir que esto se logrará siempre y cuando el gobierno logre una correlación de fuerza igual al de la gran empresa.

“Esto se logra no con una solicitud o imposición de una medida, se logra con tener claridad en las relaciones de poder. Tener la capacidad de doblarle el brazo al sector empresarial”, aseguró el experto en la materia.

Luego agrega: “El pacto debe lograr que los grupos económicos de poder asuman la responsabilidad de pagar”.

El gobierno convocará a un pacto fiscal en los próximos meses con el propósito de que el Estado aumente su capacidad de recaudar impuestos.

Con la medida se estima que la carga tributaria del país llegue al 17%, un porcentaje aceptable para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En enero entró en vigencia el paquete de reformas fiscales que le darán al gobierno una entrada de $175 millones en este 2010, cantidad inferior a la estipulada en un principio que era de $250 millones.

El pacto trae consigo un debate con el empresariado sobre el tipo de país que necesita la sociedad salvadoreña en el largo plazo.

Para Moreno, en la mesa de debate debe estar el establecimiento y eliminación de impuestos. Uno que tiene que incorporarse es el del patrimonio que, sin duda, será de discusión intensa, ya que le dará progresividad al sistema tributario salvadoreño.

El economista aseguró que este tributo tocará las riquezas de un grupo reducido que no ha pagado en los últimos 20 años los impuestos como debería.

“Los ricos en este país deben pagar por el patrimonio, por las riquezas acumuladas. Eso dará progresividad y garantizará un flujo de ingresos públicos que hasta ahora no lo tiene el Estado”, puntualizó el investigador de FESPAD.

La idea del impuesto previal es aplicarlo a las personas o entidades propietarias de grandes extensiones de terreno, no exactamente a quien posea una manzana de terreno.

A juicio del economista, el país necesita de un “esfuerzo mayor por parte de las personas que tienen más ingresos y que acumulan un mayor nivel de riquezas”.

Es exactamente en ese punto donde existirá un dique, una barrera, para implementar un pacto fiscal que le permita al Estado aumentar sus ingresos y mejorar sus programas sociales.

“¿Qué pasaría en este país si se grava con una tasa un impuesto ad valorem del 60% ó 70% el valor de las riquezas que asciendan los diez millones de dólares? Vamos a ver las reacciones que vienen y ver si eso es posible”, desafió Moreno.

El economista añadió otro elemento: “A ver qué pasa también si se gravan las ganancias de las empresas financieras que excedan sus utilidades en una cantidad determinada de millones de dólares”.

Se prevé que el pacto se discuta en el seno del Consejo Económico y Social (CES), organismo donde están presentes representantes de las organizaciones sociales, el empresariado y el gobierno.

Redistribución y focalización
De nada servirá si el pacto logra aumentar los ingresos del Estado, si no mejora su eficiencia en los servicios públicos.

Moreno plantea una política redistributiva de los impuestos. Para ello, el Gobierno tiene que devolverle a los sectores más empobrecidos servicios de calidad en las ramas de salud y educación.

También implementar una transferencia de subsidios a las familias de escasos recursos para que puedan paliar su situación.

Si los ingresos se incrementan tiene que acompañarse de una focalización de los presupuestos de las diferentes carteras de Estado, para otorgar más dinero a entidades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

Es necesario, para Moreno, que el presupuesto del Ministerio de la Defensa y del Órgano Judicial se revisen y una parte pase a entidades como el ISNA o el ISDEMU.
A estas instituciones se deben reforzarle sus gastos anuales para mejorar sus servicios a la ciudadanía.

Sin embargo, para Moreno, esto pasa también por una reforma interna del sistema organizativo de las referidas instituciones.

Lo anterior se logrará si el Ejecutivo acopla su poder con el de la gran empresa, no obstante, Moreno duda que esto suceda porque el gobierno ya cedió una vez a la presión empresarial: creyó conveniente reducir la cuota básica en la telefonía fija y no eliminarla, como lo aprobó en su momento la Asamblea Legislativa a inicios de este año.

En este punto el economista llama al movimiento social para hacer sentir su “poder popular” y haga posible la construcción de un “El Salvador diferente”.