Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Se ven en cualquier residencial, colonia, cualquier establecimiento comercial, en los camiones distribuidores de alimentos o en la calle. Portan armas largas y cortas, tienen bajo sus hombros la responsabilidad de la “seguridad privada” del país.

Ofrecen sus servicios “como una solución al problema de la seguridad” en el país.
¿Pero quién controla su accionar en las calles? ¿Qué hacen con las armas asignadas? ¿Quién supervisa el uso de estas armas? Hasta hoy es difícil esa regulación.

La Ley de Servicios Privados de Seguridad, faculta a la Policía Nacional Civil (PNC), para regular las empresas de seguridad, empresas de investigación privada,  empresas de servicios propios de protección, con cuatro elementos o menos de cuatro; las asociaciones de vigilantes y los vigilantes independientes.

Pero esa regulación se basa más en lo administrativo. Es decir, que las empresas cumplan los requisitos para establecerse o para contratar al personal civil.

Esta división maneja el dato de que un promedio de más de 23 mil armas son manejadas por las 212 empresas de seguridad privada registradas; y 201 casas que se dedican a otras labores, siempre de la seguridad e investigación.

“Hay empresas que manejan 15 armas, pero hay empresas grandes que manejan mucho más”, explica Belky Fajardo, jefa interina de la Unidad de Servicios Privados de Seguridad de la PNC.

Aunque es el Ministerio de la Defensa Nacional el que regula los permisos y la adquisición de las armas de estas empresas, que florecen rápidamente.

Fajardo asegura que la responsabilidad de la división de la PNC es “controlar” más a aquellas que están debidamente registradas y que cumplan con los artículos 19 y 20 de la Ley.

El control se centra en la “inspección de las empresas” y la supervisión de los servicios.

La primera es una inspección física, de la documentación, verificar si la empresa paga el seguro social, seguro de vida y otras prestaciones de ley. La segunda es la supervisión de cómo ejercen los empleados la seguridad.

La primera inspección, la unidad la realiza una vez al año, y la segunda dos veces al año. Si se encuentra una falta se implementa una sanción de acuerdo a lo que establece la ley, que puede ser una multa económica o el cierre de la empresa; aunque hay empresas que al detectar faltas “tratan de corregir”.

La jefa interina está consciente de que la ley no determina un control para conocer qué pasa con cada una de las armas que se usan, o las actividades que realizan los agentes de la seguridad privada. Eso queda a la “discrecionalidad” de cada uno de los socios o dueños de las empresas privadas.

Es muy difícil controlar más de 400 empresas, con un amplió personal. “Se trata de hacer que las empresas trabajen de acuerdo a la ley” explica la jefa de la PNC.

Pero para el brasileño y experto en temas de prevención y seguridad, Antonio Rangel, es muy importante que el Estado tenga un control de estas empresas.

“Muchas veces son vigilantes… Pero también son bandidos. Vigilar no es muy difícil porque los dueños regularmente son generales, diputados, gobernadores…” explica.

“Recordemos que ellos manejan armas de fuego, y las armas de fuego matan y sirven para todo tipo de cosas como chantaje, secuestro y nadie los controla. Las leyes son muy bien implementadas porque los dueños son muy poderosos”, critica.

Rangel agrega que, en la mayoría de países de Latinoamérica, la seguridad privada se ha vuelto un “negocio muy bueno, y muy poderosos. Más cuando tenemos inseguridad”.

Según los datos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la pequeña y microempresa paga en concepto de seguridad privada casi 600 millones de dólares.

Entonces, Rangel considera que estas empresas “no pueden seguir haciendo lo que quieren y deben de estar bajo el control de la fuerza de seguridad pública. Eso desde el punto de vista democrático y para proteger a todos, no sólo a los ricos que son los que la compran. Porque los pobres no pueden costearse la seguridad privada”.

El experto brasileño le apuesta a un ajuste de la razón y las políticas de las empresa privadas, “para que se vuelva complementaria”.

Seguridad privada supera a la nacional
El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha mostrado su disposición en que exista mayor regulación para las empresas de seguridad privada.

Según el reporte de la división de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil, se tienen  registradas 212 casas de seguridad hasta la fecha.

Además, la cifra de civiles realizando tareas de seguridad privada supera a la pública. Se cuenta con 18 mil agentes de la PNC y las casas de seguridad sobrepasan las 23 mil.

“Estamos hablando de un verdadero ejército, ni siquiera sumando los policías y los efectivos militares tenemos tal cantidad de personas armadas, sin ningún control…” agrega Funes.

Ante eso, el Presidente considera prudente un mayor control a estas empresas. El mandatario considera que en el pasado pudo existir “una deliberada” falta de control de la inseguridad del país, para darle vida a estas empresas que tienen mucho apogeo.

A favor de una regulación
El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, es de los que cree que se debe regular a estas empresas. “Hay una unidad en la Policía que se encarga del control y supervisión, pero yo creo que debemos de fortalecerlas”, explica.

Melgar agrega que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas y de los mismos civiles que pasan a formar parte de este servicio. Por eso, en los planes operativos de la PNC, se tiene contemplado hacer modificaciones a la Ley que regula a estas empresas, ya que mueven gran cantidad de armas, vehículos, equipo de comunicaciones y dinero.

Nelson Flores, coordinador del programa de Seguridad Publica y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), coincide con el titular de seguridad.
“Creemos que estas empresas venden inseguridad porque, a través de esa inseguridad, es que ellos pueden tener ganancias… y si no hay un control efectivo de la policía, puede ser peligroso”, advierte Flores.

Además, reflexiona que al no tener control, nadie puede garantizar que estos grupos civiles, que están armados, prestando seguridad, puedan estar involucrados con el crimen organizado.
Mientras que para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES), José Humberto Morales,  miembro de la Mesa por la Justicia Penal y Estado de Derecho, la debilidad radica también en la capacitación del personal.

Un policía se prepara mucho más tiempo para ejercer la labor de la seguridad pública, mientras que un agente es un curso muy corto.

“Creemos que es muy importante la profesionalidad del personal, y que la PNC cumpla con la regulación de la Ley” puntualiza.

Requisitos para agente
de seguridad
*Referencias laborales
*Personales y la documentación necesaria
*Curso de la ANSP (que dura una semana)
*La licencia de portación de armas.
*El requisito académico parece ir bajando, cuando en un principio se estaba exigiendo un mínimo de noveno grado o bachillerato hoy se contrata gente que ha cursado hasta el sexto grado
*Solvencia de PNC y antecedentes penales

Requisitos para propietarios
de empresas de seguridad
Legalización y conformación de sociedad
Registro de comercio
Antecedentes de los socios o dueños
Credenciales de los administradores y representantes
Después de una análisis de menos de dos meses se otorga el permiso

CAPACITACIÓN
La Academia Nacional Seguridad Publica (ANSP) imparte el curso que dura una semana, este se basa por un lado en estudio de derechos humanos y de normas del código penal, tales como las clases de faltas y delitos y su diferenciación entre faltas leves, graves, etc. Por otro lado, también se aprende a usar armas, a realizar detenciones o arrestos y se imparte un curso de salud mental.

Además, existen dos empresas que imparte un curso extra, estas son la “Wakenhut” y la del grupo “Golán”. Consiste en una semana de capacitación en técnicas de defensa, armas y arrestos.

Los salarios no varían mucho de los demás salarios. Van desde el mínimo hasta 401 dólares, pero en las principales empresas llegan a pagar más. En el caso de los vigilantes que son contratados por zonas residenciales, empresas privadas o gubernamentales, la empresa cobra una cantidad, pero, solamente un porcentaje les es remunerado por sus servicios.