Caracas/PL

La utilización de Internet para divulgar falsedades está hoy en la mira de autoridades y diputados venezolanos, que alertan sobre la responsabilidad de los medios electrónicos en los mensajes que difunden.

El detonante del análisis es una denuncia del presidente Hugo Chávez, quien identificó la divulgación de noticias falsas como el presunto asesinato de un alto funcionario, como parte de lo que consideró un plan para provocar caos en el país.

Para el presidente de la comisión parlamentaria de Ciencia y Tecnología, Manuel Villalba, es imperativo establecer responsables ante situaciones reiteradas del uso de páginas digitales para crear zozobra y rumores sobre temas sensibles.

Entrevistado en el canal local Televen, Villalba recordó que se han difundido versiones falsas hasta de escenarios militares con heridos y detenidos y se alienta el odio contra funcionarios.

Al respecto precisó que en medio del debate se difunden ahora versiones del supuesto interés oficial de controlar Internet, ante lo cual aseguró que en la Asamblea Nacional no existe documento o proyecto de ley alguno con ese propósito.

Lo que si se ha recibido en la Comisión de Ciencia y Tecnología, apuntó, son denuncias de profesores universitarios, estudiantes y usuarios sobre excesos cometidos por la web.

Ayer la fiscal General de la República, Luisa Ortega, informó que a solicitud del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, se investiga la información sobre el asesinato de ese funcionario difundida por el sitio Noticiero Digital.

Luego del anuncio, el medio electrónico Noticias 24 cerró temporalmente los comentarios con el argumento que su sistema automático de moderación es insuficiente para evitar la publicación de insultos, ofensas y comentarios contrarios a las leyes.

Aunque el editor de la publicación anunció la próxima instalación de un nuevo sistema para volver a ofrecer a los lectores el derecho a expresar su opinión, otros medios opositores presentaron el hecho como un caso de auto-censura.

Sobre el tema, Villalba rechazó que se trata de censurar, pero precisó que el Código Penal contempla sanciones a quien utilice medios de comunicación para incitar al odio, vilipendiar, mancillar el honor y la dignidad de las personas e instituciones o atente contra el estado de derecho.