Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

En el marco del lanzamiento de una campaña a favor de la transparencia, Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia  y Anticorrupción, propuso la participación de la ciudadanía en los procesos de control gubernamental.

Con ello pretende promover la Ley de Acceso a la Información, así como reformas a la ley de Ética Gubernamental, y la apertura de Oficinas de Información y Respuesta (OIR), en instituciones del Ejecutivo. 

Según el funcionario, el proyecto abrirá un espacio de discusión y posicionamiento del Ejecutivo, ante una Ley de Acceso a la Información, que cuenta con la propuesta del partido FMLN presentada en 2008; el proyecto de FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el 2009, y la reforma al Tribunal de Ética Gubernamental.

“Vamos a explorar, en el marco de esta discusión que abre la semana que viene, y que  involucra a las municipalidades, parlamentarios y medios de comunicación, si existe la posibilidad de construir una sola ley, así como una sola institucionalidad que vele por la ética, el acceso a la información, y que esta institución cuente con la menor cantidad de conflicto de interés”, declaró.

La Subsecretaría de Transparencia, adscrita a la Secretaría para Asuntos Estratégicos  de la Presidencia, en coordinación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), son los organismos que promueven la transparencia en instituciones públicas y privadas.

En el renglón del financiamiento, Rodríguez adelantó que existen conversaciones con el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes tendrían a cargo el financiamiento de la observación ciudadana, que no deberá provenir del gobierno, por los intereses que causa.

“La mayoría de organismo internacionales tienen fondos para los gobiernos y su normativa se orienta a sus gobiernos, entonces estamos viendo en que medida podemos generar un financiamiento que no pase por el gobierno”, explicó.

Por su parte, Roberto Rubio, presidente de FUNDE, reiteró el interés, como organización participante, que se diseñe una buena ley. “Queremos algo bien hecho, con aplicabilidad y coincidimos con la subsecretaría de transparencia y queremos que salga este año”, agregó.

Mientras, el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, cuya institución implementa prácticas de transparencia social, instó a los partidos políticos a agilizar la aprobación de la normativa.

“Si nosotros queremos derrotar el crimen organizado y el  narcotráfico, necesitamos una institucionalidad transparente, donde el poder controla al poder, pero ese poder lo tiene el pueblo, esa es la democracia”, opinó.

Por su parte, Lissette Kury, Presidenta del Tribunal de Ética, pidió el fortalecimiento de la institución en los ejes de la autonomía y oficiosidad.

“Las reformas que hemos propuesto están orientadas a un tema tan sensible como la oficiosidad, para iniciar cualquier proceso administrativo sancionador a cualquier presunta violación de ética gubernamental o incumplimiento de deber ético, sin el requerimiento de la denuncia”, puntualizó.