Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La idea de incrementar la pena de siete a 15 años para aquellos menores en conflicto con la ley, es prácticamente descartada de las iniciativas de reforma que manejan los sectores involucrados con la aplicación de penas y trabajo de prevención.

“Ese no es el camino”, “Los diputados se equivocaron”, “Se debe de trabajar en el castigo a los infractores, pero también en la prevención”, fueron algunas de las reflexiones de las distintas personalidades que participaron ayer, en el foro: “Los Adolescentes Infractores y la ley Penal Juvenil. Contribuciones para una efectiva reinserción social”.

El primero en descartar medidas más largas para abordar el tema de la violencia juvenil, fue el experto brasileño, Paulo Sérgio Pinheiro.

El mecanismo de penas más duras ha fracasado en los países del mundo, ni la pena de muertes ha podido evitar que más gente asesine o cometa ilícitos. “Eso no funciona en ningún país del mundo y si no funciona porqué insistir en eso”, recalcó Pinheiro.

Agregó que “las medidas que se deben tomar son más recursos, prevención, alternativas a la encarcelación, respeto al debido proceso y ley, porque claro que los que cometieron delitos tienen que ser juzgados, pero no tienen que estar con los adultos”.

Para llegar a medidas adecuadas se necesita la discusión y el debate, resaltó el experto, quién resintió que los diputados de la Asamblea Legislativa, no asistieran ayer al foro organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Según se explicó, se invitó a los diputados, incluso el CNSP tenía pautado que el diputado de ARENA y miembro de la Comisión de Legislación y de Puntos Constitucionales, Mario Valiente, fuera parte del debate. Los diputados presentaron la iniciativa del incremento de penas, pero el Presidente Mauricio Funes vetó el decreto. Hasta ayer se manejaba que se superaría el veto, pero se quedó sin llegar a los 56 votos necesarios.

Aída Luz Santos de Escobar, presidenta del CNSP, celebró que los diputados no lograran superar el veto e instó a seguir un proceso serio de discusión entre todos los sectores y que estos mismos aporten iniciativas para impulsar un proyecto de reforma a la ley. El análisis de la presidenta del CNSP, es que si se aplican más penas a los jóvenes de 15, 16, 17 años, el crimen organizado buscará a menores que no son “imputables”, quiere decir niños, entonces no es la solución.

De Escobar le apuesta más al debate para buscar las soluciones y que los mismos jueces, UNICEF, ONG´s, instituciones de gobierno puedan proponer una propuesta de reforma, por eso se les convocó ayer.

Incluso, el CNSP tiene en agenda proponer algunos cambios en la ley penal, como, por ejemplo, que se “le quite la administración de los centros privativos de libertad al ISNA, que el ISNA se dedique solo a la protección del niño que no ha cometido hechos delictivos”.

También, otro propuesta que tiene el CNSP es que los jueces no revisen las medidas de los procesados cada tres meses como se hace hasta hoy, sino cada seis meses.

Sin embargo, se espera hablar con los sectores y escuchar también sus propuestas antes de introducir una iniciativa.

Por su parte, la jueza Magistrada de la Cámara de Menores, Doris Luz Galindo, explicó que la problemática de los menores infractores no sólo se resuelve con leyes penales, se tiene que abarcar otras áreas como la educación, la prevención y la salud mental.