Cuando se creó el Centro Cívico Democrático fue con  objetivos claros en defensa de la vigencia de la democracia, la participación ciudadana en el control de la cosa pública, se prpuso un examen objetivo de conceptos sobre la corrupción, el crimen y la impunidad. Las circunstancias nos obligaron a ser machaconamente repetitivos, por ser los problemas siempre los mismos.

    En la esperanza que todos tenemos, aunque conscientes de los frenos que pone el caos que han venido denunciando los funcionarios del nuevo gobierno, queremos ver ya un inicio de cambios; cuando a las denuncias iniciales de lo que han robado, no se sigue un enjuiciamiento rápido, la percepción mayoritaria es que no se castigará a nadie.

Y éste es precisamente el ejercicio democrático: un seguimiento de las actuaciones de los funcionarios, presentes y pasados, en el que la prensa tiene un papel importante que cumplir, pues tiene los medios necesarios para cubrir la fuentes que informen al lector en que estado está alguno de los casos.

Por ejemplo, si el Director del ISSS denunció los cientos de falsas plazas de policías de los que se lucraba Torres y seguramente su partido, es la Fiscalía quien ya debía haber dado cuenta: los Medios deberían investigar si se cancelará o no el contrato del oneroso alquiler que paga la Fiscalía en Santa Tecla. Y así, mil cosas más.

    Cuando se gobierna con autoritarismo, las puertas están cerradas al control. Así, nosotros hicimos ver el fraude en la creación de las pensiones, pues entre nuestros Miembros estaba el Dr. Rafael Cáceres Viale (QDDG), actuario en la fundación del ISSS y Sub Director en la primera administración con don Miguel Angel Gallardo; el silencio del gobierno era natural, puesto que las AFP´s era cuestión de malicia, no de conocimiento.

Pero en un gobierno de vocación democrática, el ciudadano, la prensa, tienen un importante papel que cumplir y los funcionarios están en la obligación de informar. El Presidente Funes en su discurso de toma de posesión. ofreció transparencia y para que sea efectivo, todos estamos en la obligación de colaborar con nuestra vigilancia.

    Antes fue inútil denunciar los daños de la dolarización (y hoy ya los estamos viendo), o la cadena con que se ha amarrado al productor nacional con el TLC del que se excluyeron el cemento y la cerveza, o el peligro cierto que corren los ahorros de pensiones, los altos costos en teléfonos y luz eléctrica que tendríamos y que ya tenemos; ahora, con un gobierno que ha ofrecido respetar la Constitución y que actuará con transparencia, que castigará la corrupción, insistimos, es deber de todos  colaborar en la vigilancia y en el cumplimiento de lo que beneficie al pueblo salvadoreño.            

Cierto que existe el peligro de exagerar esa vigilancia y ver en todo un error del que gobierna, y si queremos de verdad servir a la democracia, debemos esforzarnos por ser juiciosos, por no juzgar las cosas por exigencias irreales o por esperanzas personales frustradas; el papel del monitor debe ser ejercido con espíritu de servicio. Y quien quiera hacerlo, debe someterse a la disciplina de olvidar simpatías y rencores personales, pues entonces sólo será un problema más en la construcción de la democracia.