Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

El cierre por parte de jóvenes que exigen su ingreso a la Universidad de El Salvador (UES) cumple su séptimo día sin que las autoridades académicas muestren una voluntad de diálogo para resolver un conflicto que afecta a 30 mil estudiantes activos.

El Rector de la UES, Rufino Quezada, ha mantenido una postura inflexible de no negociar con “encapuchados”, y los “encapuchados” afirman que no abren el campus si no se les da un cupo para estudiar en la referida institución.

En medio de la confrontación al interior de la única universidad estatal del país, el jurista José María Méndez, miembro del Foro para la Defensa de la Constitución, brinda una visión más amplia del problema.

Méndez señala que esta crisis debe resolverse de manera “radical” puesto que la situación conflictiva tiene su origen en el incumplimiento de los artículos 53 y 61 de la Constitución por parte de los padres de la patria. Y valora que “los jóvenes se han decantado por resolver por la vía de la presión, de la violencia” pero que esta puede ser una oportunidad para encontrar una solución integrada.

Además, las autoridades universitarias no pueden recurrir a la “legalidad” de la Fiscalía General de la República (FGR), porque el problema linda con el “delito político”, “yo quisiera pensar que el Rector quiere saldar una responsabilidad personal como funcionario al denunciar un delito, y que no está buscando que se use la fuerza pública, y esa legalidad fantasma y cruel que se utiliza contra los que no tienen privilegios en este país.

Esa no es una actitud correcta porque no ofrece soluciones”. El abogado rechaza que sea la FGR quien pueda resolver por medio de la fuerza pública este problema social. “El conflicto refleja que se han incumplido dos obligaciones constitucionales: que el gobierno garantice los fondos necesarios para su funcionamiento, contemplado en el artículo 61; y que las autoridades universitarias no hayan hecho una administración adecuada de los fondos asignados”.

“Eso no disculpa la actitud de cerrar las instalaciones, representa actos delictivos, pero no se puede venir a usar la fuerza pública y la FGR para promover acciones contra jóvenes que están cometiendo actos que lindan con el “delito político”, puesto que sus acciones tienen como finalidad lograr un derecho que está regido en la constitución”, señala Méndez, quien además afirma que la raíz de este confrontamiento radica en que, “nunca se ha dotado a la universidad de los fondos suficientes para resolver la demanda de educación superior y los jóvenes no están académicamente preparados”.

“Pedimos a los jóvenes que entreguen la universidad y que se abra una mesa de diálogo con las autoridades, como Foro, nos ofrecemos de mediadores, necesitamos solucionar este problema y no posponer una solución de raíz. ¿Porqué el gobierno y las autoridades de la institución no han encontrado una solución? Ocupemos esta crisis para encontrar una solución de raíz”, concluye el jurista.