Gabriela Castellón
Redacción Diario Co Latino

Los partidos FMLN, ARENA y PCN llegaron ayer al acuerdo de emitir un dictamen en la próxima sesión plenaria, para superar el veto que realizó el Presidente de la República, Mauricio Funes, en relación a las reformas a la Ley Penal Juvenil, para incrementar la pena máxima de siete a 15 años.

Para los políticos, el decreto aprobado no es inconstitucional, como lo señala el Ejecutivo en la nota con la argumentación del veto. Sin embargo, los representantes de los partidos mencionados están dispuestos a superar el veto, con 56 votos, y que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la “que dictamine si el decreto es o no inconstitucional”.

Margarita Velado, del FMLN, declaró que es importante “afianzar” la justicia penal juvenil. Además, aclaró que las reformas aprobadas no “amarran” a los jueces, pues son ellos quienes dictaminan sobre la pena que se le otorgará al acusado.  Antonio Almendáriz, del PCN, manifestó su posición de superar el veto. A esa posición se unió la bancada arenera. Guillermo Ávila, de ARENA, dijo que lo mejor sería mantener la posición y, luego, si el Presidente lo sigue considerando inconstitucional, que sea la CSJ la que tome la decisión.

Los representantes del PDC y del partido en formación, GANA, argumentaron que no apoyarían a sus colegas, porque lo más indicado sería el análisis del veto y no “someter a un pulso al Ejecutivo con la Asamblea”.

Ana Guadalupe Martínez, del PDC, dijo que se debería trabajar, además, por las penas de los jóvenes reincidentes. Agregó que no estarían dispuestos a apoyar la superación, ya que “ese no es el punto principal”.

El diputado de GANA, Erick Mira, dijo que preferiría el análisis profundo del documento enviado por el mandatario. “Los argumentos del Presidente nos parecen válidos, pero habrá que analizarlos para tomar una decisión”. 

Sin embargo, el efemelenista Benito Lara manifestó la disposición de su partido, de superar el veto, y agregó que, a pesar de que el decreto “por sí solo no resuelve”, es importante para controlar la situación delincuencial actual. “Que sea la Corte la que nos aclare la inconstitucionalidad, si la hay. Eso nos va a dejar claro qué tipo de medidas podemos estar tomando en este tema”.

De ser superado el veto, con dos tercios de los diputados (56 votos a favor), el Presidente deberá tomar la decisión de aceptar lo aprobado por la Asamblea Legislativa, o enviar el decreto a la CSJ, que tendrá 15 días para dar un fallo sobre la inconstitucionalidad del mismo.