Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El Director de Derechos Humanos de la Cancillería de la República, David Morales, declaró que pese a los avances  en el cumplimiento de sentencia, en el Caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, el acceso a la justicia  era de los incumplimientos más graves.

“Los diversos puntos pendientes ya tienen un proceso iniciado , sin embargo, el tema de acceso a la justicia es uno de los puntos que la Corte declaró: uno de los incumplimientos más graves. Entonces hay una agenda completa de puntos a informar a la Corte Interamericana”, dijo.

Asimismo, anunció que desde la Cancillería de la República, promoverán una coordinación interna entre  la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial en el proceso de investigación.

“Esperamos que la jueza de Primera Instancia de Chalatenango informe sobre los avances en la investigación porque es un punto que la Corte ha cuestionado, que no hay avances significativos y relevantes después  de cinco años”, explicó.

En cuanto a la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda de los Niños y Niñas Desaparecidos, durante el conflicto armado, Morales señaló que existen “diálogos avanzados”.

“Hay una proyección inmediata a futuro del cumplimiento con las víctimas, existe ya el decreto firmado por el Presidente (Mauricio Funes) en el proceso de instalación y organización de la comisión, y creo que en las próximas semanas tendremos ya un anuncio en concreto de la instalación”, comentó.

Por su parte, miembros de Pro Búsqueda, anunciaron que el Estado salvadoreño tiene un plazo límite de cuatro meses  para rendir un informe sobre los avances  en la investigación del caso de las hermanas Serrano Cruz.

La sanción a los responsables, el banco genético para identificar a los menores en su parentesco filial y la conformación de la comisión nacional de búsqueda, son las peticiones que esperan, el gobierno cumpla a la mayor brevedad.

Victoria Cruz, junto al Padre Jesuita Jon Cortina, fundador de Pro Búsqueda, interpusieron la denuncia del desaparecimiento de las niñas en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, en marzo de 1993.

Ante la falta de avances en el caso, en 1999 la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En marzo de 2003, la CIDH emite el informe de fondo que establece la responsabilidad del Estado salvadoreño por  violación a la integridad personal de la familia Serrano Cruz,  por violación a las garantías judiciales, y  la protección judicial efectiva de las niñas Ernestina (7 años) y Erlinda (3 años) cuando desaparecieron.

La demanda fue presentada por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pese a los intentos del Estado salvadoreño de negar la existencia de las niñas, fue encontrado responsable.