Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino
 
La decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa de reformar el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, que amplía la medida de internamiento para jóvenes de entre 16 a 18 años que cometan delitos graves de 7 a 15 años  fue apresurada, según Óscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Luna reconoce que los altos índices de criminalidad de los últimos días es preocupante para la población salvadoreña, no obstante, considera que esto requiere respuestas eficaces e integrales que atiendan, no sólo los efectos, sino sus causas.

El funcionario, sin querer quitar la gravedad de la delincuencia asociada con la juventud que tiene nexos con las pandillas; considera  que el manejo mediático del fenómeno es “exacerbado”,  pues las estadísticas demuestran que menos del 20% de los delitos está asociado a la criminalidad juvenil.

La violencia sólo se ha focalizado en el accionar de las pandillas, pero no debe dejarse de lado que hay estructuras ligadas a la narcoactividad y al crimen organizado, entre otros delitos, los  que generan la mayor parte de la violencia.

El aumentar el número de años para cumplir las penas, no contribuirá a bajar los homicidios y violencia en general, tal es el caso del Sistema Penal  para personas adultas. En 2001 se amplió la pena máxima a 75 años y los delitos, en lugar de disminuir han aumentado, afirmó. El  Procurador manifiesta que esta reforma agudizará la precaria situación de los centros de reinserción social.

El funcionario ofreció su posición en un comunicado enviado este lunes a los medios de comunicación.  “Sin dejar de lado los derechos y el dolor de las víctimas”, Luna razona que la respuesta al delito de la persona adolescente debe tener un componente, no sólo de castigo, sino ir unido a otro con finalidad educativa.

En este sentido, la reforma a la normativa transgrede “el espíritu” que sustenta a este orden jurídico, que tiene a la base la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es estado parte”, este dicta que hay que ofrecer la oportunidad de reinsertarse en la vida social a los adolescentes que han delinquido.

En el comunicado, se recomiendan algunas medidas: prohibir la portación de armas de fuego, fortalecer la capacidad investigativa y de recursos de la Policía Nacional Civil, reforzar las capacidades técnicas de la Fiscalía General de la República para evitar el alto porcentaje de delitos que no llegan a los tribunales y quedan impunes; la adecuada protección de las víctimas y los testigos, fortalecimiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo  Integral de la Niñez y la  Adolescencia, entre otras.

Asimismo, el Procurador apoya el proceso de revisión y consulta que anunció el Presidente Mauricio Funes, Luna instó a que  se amplíe la discusión a todos los actores involucrados en la problemática penal juvenil.  “La mejor política anti crimen la constituye una política social con justicia y equidad”, concluye.