Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Los diputados de la Comisión Financiera, Antonio Echeverría e Immar Reyes, del partido FMLN, lamentaron que en la investigación del Caso OBC, la Fiscalía no haya profundizado en la responsabilidad de los ex funcionarios de la Superintendencia de Valores y de los esposos Sandoval, antiguos propietarios de la empresa.

El Fiscal General de la República, Romeo Barahona, presentó los avances en la investigación a los diputados y al Comité de Afectados de OBC.

Los afectados presentaron en el año 2006 una denuncia contra: José Enrique Sorto Campbel, Omar Ernesto Rodríguez Alemán y Oscar Armando Pérez Merino.

El comité de afectados denunció  a los ex superintendentes por faltar a su  responsabilidad de fiscalización  y control de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas (OBC).

 El diputado Echeverría lamentó que no se haya avanzado en la investigación de los ex funcionarios y los propietarios anteriores de OBC, que,  consideran, están implicados en la estafa millonaria.

“No vamos muy satisfechos, porque no se ha orientado la investigación en cuanto al señor (Mauricio) Sandoval , queremos insistir, porque hubo negligencia, creemos que la investigación que presentó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta con buenos elementos para poder sacar un antejuicio para investigarlo y sacar un resultado positivo”, dijo.

Por su parte, Rossana de Rodríguez, Secretaria del Comité de Afectados de OBC, indicó que la investigación de los tres ex funcionarios, era estratégica para definir la responsabilidad que tuvieron los antiguos propietarios en la estafa millonaria.

“Nosotros presentamos la denuncia en contra de estos funcionarios en el año 2006, porque no hicieron nada pese a las denuncias que hicimos sobre anomalías que se venían cometiendo desde 1997, faltaron a su responsabilidad, apartaron su vista de la estafa que se estaba cometiendo”, expresó.

Julio Eduardo Villatoro fue extraditado de los Estados Unidos, el 22 de octubre de 2009.
Asimismo, se les acusó de captación y apropiación ilegal de fondos del público, mediante actividades bursátiles legítimas por valor de 8 millones de dólares, lucrándose a costa de los inversionistas.