Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino

“No queremos machos ni de izquierda ni de derecha”, decía un cartel que portaban un grupo de mujeres que protestaron frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Pensiones (INPEP), porque supuestamente, habrían castigado a una embaraza por comer en horas de trabajo.

De acuerdo a las mujeres protestantes, el nuevo director de la institución Andrés Rodríguez Célis y Carlos Eliseo Martínez Amaya, Jefe de la Unidad Financiera, desde junio que llegaron, han creado zozobra e incertidumbre en dichas oficinas de atención social.

Una mujer que no quiso identificarse, pero asegura ser empleada de la institución, dijo a Diario Co Latino que han obligado a muchos a renunciar por estar “viejos”.

“Lo ponen a uno a que les enseñe como se hacen las cosas y luego lo despiden”, manifestó la empleada.

“Estamos denunciando los atropellos que se están dando contra las mujeres trabajadoras y especialmente el caso de una compañera que estando embarazada se le ha suspendido 5 días sin goce de salario”, señaló Zita Ágreda, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensionados (SITINPEP).

La sindicalista dijo que la mujer en estado de gestación la han estado acosando laboralmente, porque no  quiere colaborar después de las 4 p.m. con trabajo.

Además, denunciaron el supuesto despido de cerca de 25 personas, en su mayoría mujeres, y que otras han renunciado por acoso laboral, expresó Marta Saldaña, de la Comisión de Mujeres Sindicalistas de El Salvador (CMSES). Las féminas fueron recibidas por el director, en una de las sala de reunión del INPEP, a quien le expusieron el caso de la embarazada y que por la presión habría adelantado el parto.

El director se defendió  y dijo que en el caso de la mujer embarazada, se suspendió el castigo y aseguró que ella haya tenido un parto normal porque solamente habían sido 15 días de adelanto y esto según los médicos no tiene nada raro.

El funcionario les explicó que también de los 11 sindicalistas que hay solo 3 trabajan en la institución y el resto no.

“Eso no es cosa mía, a mí me van exigir que ellos marquen su tarjeta, porque la CSJ así lo ha exigido”, aseveró el director tras aclarar que el reconoce al sindicato, lo que no reconoce es la directiva del mismo. “Nos hicimos expectativas del cambio de gobierno que trascendieran una práctica de más de 20 años que veníamos de opresión, de represión, de flexibilidad laboral y que ahora se esté dando en instituciones del Estado es una vergüenza”, reclamó la sindicalista Marielos Pleitez.