“El 2 de marzo, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Director de la PNC (…) participaron en una misa por los 17 años de fundación de la PNC (…) encomendando la misión de la Corporación a San Miguel Arcángel, para su lucha decidida contra la delincuencia (www.pnc.gob.sv)”.

Sorprendido al leer la noticia, consulté la página Web de la PNC donde encontré las secciones: COMUNIDAD CATOLICA y MINISTERIO CRISTIANO. Al entrar en estos apartados, encontré algunas explicaciones: a) En 1968, los gobiernos del Vaticano y de El Salvador firmaron un Convenio creando el Ordinariato Militar para el cuidado espiritual de los miembros de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad; b) En 1999 declararon al Arcángel Miguel, patrono de la PNC, construyendo un monumento en su Cuartel Central, argumentando que el demonio está todavía vivo y operante en la Tierra.

Si nuestra Constitución declara que el Estado no es confesional, me pregunto: ¿Por qué la Web de la PNC informa de organizaciones católicas y  movimientos cristianos? ¿Forman parte de la estructura policial? ¿Por qué el Estado firma convenios con la Iglesia católica, para dar facilidades a policías que profesan esta religión y no lo hace con otras creencias religiosas o filosóficas? ¿Poner un símbolo religioso en edificios públicos, no viola la aconfesionalidad del Estado? ¿Se financió con fondos públicos? ¿Si otra iglesia o creencia filosófica, propone otro monumento, lo autorizarán? 

La PNC es una institución legitimada por los Acuerdos de Paz y  no necesita reforzar su fuente de autoridad en compromisos con jerarquías eclesiales. Su Misión es “Ser una institución dedicada a proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, con estricto apego al respeto de los derechos humanos (…)”. Son estos principios y no los conceptos morales y las costumbres religiosas de sus mandos, los que deben guiar su actuación.

Un Estado laico garantiza la libertad de creencias filosóficas o religiosas de sus ciudadanos y por supuesto de las y los policías, pero no debe de imponerlos en los cuarteles, ni promover sus creencias, su moral y costumbres, como la guía de la actuación policial.