Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Las autoridades policiales, fiscales y judiciales no están poniendo la atención debida o investigando las estructuras de crimen organizado que está directamente involucrada con la ola de violencia y homicidios que abate el país, según la posición de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

“Se menciona que el 36% de los homicidios están relacionados con las pandillas, pero el resto ¿qué? ” cuestionó la directora de FESPAD, Silvia Guillén.

“ La pregunta es ¿quién está cometiendo los delitos en El Salvador, quiénes están detrás del crimen organizado?, ese es el llamado que estamos haciendo, que se investigue y se metan presos a todos los criminales” agregó la directora de la fundación.

La titular de la FESPAD sostiene que la situación en el país es “grave” porque existe tráfico y paso de droga, tráfico de armas y poco o nada se conoce, además, porque se puede iniciar una situación similar a que se registró en Guatemala y México.

“La delincuencia genera un alto grado de inseguridad y temor en gran parte de la población”, así como pérdidas de la inversión y del mismo gobierno que invierte millones en abordar el tema sostiene.

Según los datos de la PNC, desde el primero de enero hasta la fecha se reportan 539 personas asesinadas de forma violenta, manteniendo un promedio de 14 homicidios diarios.

Guillén consideró que las autoridades deben replantearse si se está haciendo algo mal y tomar esas áreas que no se están tocando.

La titular, que conoció la semana pasada los planes que se contemplan en la política de seguridad y convivencia, que impulsa el gobierno, prefirió no decir si son buenos o malos, sino esperar que se concluya el periodo de consultas con los sectores para que se conozcan los planes finales y los ajustes.

Resaltó que como puntos medulares de estos planes se tome la represión, la prevención, el control en las cárceles.

Sin embargo, Ismelda Villacorta, del programa de Seguridad de FESPAD, recalcó que las autoridades que asumieron hace ocho meses no pueden tomar como base políticas o programas que fracasaron como la represión o “Mano Dura”.

Además, no se debe de caer el la detención de personas sin tener pruebas, nada de redadas como en el pasado. Ejemplo de ese síntoma malo es el dato de 2003 donde se reflejó que del 23 de julio al 30 de agosto se reportó la captura de 19 mil 275 personas acusadas de delitos, de las cuales 17 mil 540 fueron liberadas por falta de pruebas.

Tampoco es conveniente retomar las medidas de represión como “Mano Dura y Súper Mano Dura”, porque después de la operatividad de estos planes se mostró la tendencia al alza de los homicidios.

FESPAD también desaprobó la iniciativa de otorgar facultades a la Fuerza Armada para el combate a la delincuencia, porque los datos revelan que no se ha contribuido a la “reducción” de la violencia en estos dos tres meses que ha tenido más presencia en las calles.

La organización insta a las autoridades a “coordinar una política de prevención de la delincuencia juvenil y la reinserción de las y los jóvenes en conflicto con la ley, así como limitar la participación de la Fuerza Armada y fortalecer la institucionalidad de la PNC”.