Por la tardanza, muy juiciosas deberán ser las observaciones que está preparando el Ejecutivo, respecto del proyecto de ley para eliminar el cargo básico en las líneas fijas de la telefonía. Esa disposición que fue aprobada por casi unanimidad en la Asamblea, es apenas un comienzo en la regulación que deben acatar los operadores de servicios públicos; telefonía, energía eléctrica son dos de ellos. Por eso la reacción que llamó “populismo barato” a una medida que va en beneficio de un consumidor cautivo, ha despertado un inmediato rechazo de la opinión pública. Esperamos entonces que las observaciones que se preparan, no sólo confirmen la medida sino le agreguen elementos que reduzcan al mínimo lo que se debe cobrar por ese servicio.

    Son esas mismas empresas las que en un campo pagado han expresado su anuencia a “las decisiones de los Organos del Estado y (ser) fieles al cumplimiento de las leyes de la República” añadiendo: “el mercado de Telefonía, por constituir un servicio público, debe estar sujeto a regulación por parte del Estado”; y manifiestan que, “nuestras empresas por mucho tiempo han exigido la regulación de las tarifas telefónicas”. Y en otro apartado de su campo pagado hacen un detalle que a su juicio “demuestra la urgente necesidad de la regulación solicitada”. Allí, se pormenoriza en las cantidades que se cobran indebidamente. No es lógico que eso no se cambie. 

    Como parte de la sociedad civil y como grupo que siempre ha estado atento a las acciones gubernamentales, preocupa que las divergencias Partido de gobierno y Ejecutivo, contribuyan a alentar una sensación de frustración entre la ciudadanía que votó esperanzada en un cambio. Si a quienes estamos llamados a mostrar prudencia nos inquieta ese rechazo intempestivo, es natural que las mayorías no puedan comprender que se niegue sin más, la aprobación de una medida que favorece al consumidor.

Cautela política
    A la mesura demostrada por la cúpula del partido en el gobierno, deberían corresponder los asesores del Ejecutivo con acciones concretas, que respondieran un mínimo a las esperadas muestras de un cambio. Lo de la telefonía sólo es un comienzo.

Pues se acumulan los casos. Por ejemplo; si las denuncias que hicieron los nuevos funcionarios cuando se encontraron las evidencias del delictuoso manejo de los bienes del Estado, no han sido recogidas por la Fiscalía, por la Corte de Cuentas o por quien corresponda, el gobierno debería señalar claramente su intención de identificar culpables, recuperar lo perdido, castigar.

De no hacerlo, pone en riesgo no solamente su credibilidad sino da bases a la creciente impaciencia de los electores, motivados al voto por una esperanza de ver cambios. Los obstáculos que encuentra el gobierno para realizar esos cambios, deben ser conocidos para que el ciudadano no sienta que ha sido engañado.  

    Entendemos, aunque no es posible esperar que todos tengan paciencia, los obstáculos que encuentra el Gobierno para realizar los cambios que reviertan una práctica de autoritarismo y fraude. Entonces, si una de las ofertas fue transparencia, debe mantenerse advertida a la ciudadanía sobre esos obstáculos y que un rechazo tan inexplicable como ha sido la no aprobación inmediata de la eliminación del cargo básico en las líneas fijas, nos sea satisfactoriamente informado.