Jaime Martínez Ventura
Abogado. Director de la ANSP

Es cierto que muchas de las clicas de las maras o pandillas, se han convertido en verdaderas agrupaciones delictivas, fuertemente estructura-das, armadas y capaces de participar en ciertos ámbitos del crimen organizado. Pero confundir plenamente el fenómeno pandilleril con la criminalidad no convencional de altos vuelos, puede llevarnos a cometer más equívocos que aciertos. Entre esos errores, en el terreno de la política criminal,  pueden señalarse los siguientes:

Primero, el etiquetamiento de toda agrupación juvenil de los barrios, colonias y zonas marginales que pasarían inmediatamente a ser identificadas y tratadas como maras y en consecuencia como estructuras de crimen organizado, más aun si se toma en cuenta que como consecuencia de las detenciones masivas realizadas a través de los operativos policiales de mano dura, ahora las pandillas o algunas de ellas ya no visten como antes, ni se tatúan con el fin de encubrir su pertenencia.

Segundo, las maras como único blanco de la política criminal,  si se mantiene la confusión entre maras y crimen organizado, se acentuaría la utilización recurrente que se ha hecho de las pandillas para atribuirles la comisión de la totalidad o la gran mayoría de crímenes, con lo cual no solo se etiqueta a estos grupos si no que se corre el riesgo de encubrir y postergar indefinidamente deficiencias estructurales de la policía y  la Fiscalía en la investigación de los delitos.

Tercero, una cortina de humo del crimen organizado, se corre el riesgo de que al perseguir a las pandillas como la expresión más visible del crimen organizado, se persiga todavía menos a las estructuras más elevadas de este tipo de delitos tanto en sus modalidades más comunes como el narcotráfico, el contrabando de mercaderías, el hurto y robo de vehículos, el tráfico ilícito  de armas, la trata de personas etc.,  y todavía más aquellas formas que pasan inadvertidas y suelen ser menos perseguidas por que las ejercen individuos vinculados al poder político y económico como el lavado de dinero, las defraudaciones financieras, el tráfico de influencias, las negociaciones ilícitas, las defraudaciones al fisco, cohechos y otros actos de corrupción.

Cuarto, perpetuación del enfoque punitivo, otra consecuencia sería la continuación de las estrategias punitivas como principal respuesta ante el fenómeno de las pandillas, olvidando los factores sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales que explican el surgimiento de las maras; consecuentemente, se abandonarían o se reducirían a su mínima expresión los programas, proyectos y estrategias preventivas o mediadoras dirigidas a las causas de este conflicto.

De hecho, como antes se ha explicado, la gran mayoría de programas preventivos que desarrollan tanto las instituciones de gobierno como la sociedad civil, se caracterizan por ser fragmentarios, dispersos, precarios y de poco alcance, debido a que por mucho tiempo no existió una real política de prevención social de la delincuencia por la falta de apoyo financiero estatal, dejando lo poco que se hizo bajo la dependencia de la cooperación internacional.

Quinto, estigmatización de la niñez y juventud, particularmente de las zonas populosas donde tienen que convivir con las maras o pandillas. Todo niño, niña, adolescente o joven que vive en esos lugares, desde hace mucho tiempo tiene que cargar con el estigma de ser pandillero o marero y con las consecuencias de ser tratado de forma discriminatoria y violenta por diversas personas, incluso autoridades públicas. Confundir sin distingo alguno a las pandillas con el crimen organizado, condenaría a un nuevo estigma a la niñez, adolescencia y juventud de esos lugares.

5. Conclusión
El verdadero crimen organizado comenzó a revelar todo el horror de su poderío, de su alta capacidad destructiva y de su clara relación con el poder político y económico a través del despiadado asesinato en febrero de 2007, de tres diputados del PARLACEN y un agente policial salvadoreños, a manos de una estructura criminal de la policía guatemalteca, la captura de cuatro policías imputados por ese crimen y el asesinato de éstos dentro de una cárcel guatemalteca de “máxima seguridad”.

Varias personas relacionadas con la investigación de ese delito fueron asesinadas posteriormente. Desde que se cometió ese horrendo crimen, tuvimos que revisar fondo y darle vuelta completamente al enfoque punitivo prevaleciente, enfrascado casi exclusivamente en las maras o pandillas y, sin dejar de perseguir a estas estructuras que también tienen una arista criminal, poner la mirada más arriba y con mayor detenimiento.

No será que todo este tiempo, esa estrategia empecinada en reprimir más que prevenir el fenómeno de las maras, ha sido útil, consciente o inconscientemente para distraer la atención del verdadero crimen organizado que se reveló con  toda su fuerza en Guatemala.

El Salvador no está muy lejos de lo que sucedió en Guatemala. Varios elementos objetivos deben hacernos pensar que lo ocurrido en el vecino país es algo que también puede estar pasando en el nuestro. Primero, la cuestión geográfica. Si Guatemala es un puente de la narcoactividad, El Salvador no es ajeno a eso, es un país vecino, mucho de lo que va para Guatemala pasa primero por aquí y existen antecedentes de cómo ambos territorios han servido de refugio para actividades ilícitas de los nacionales del otro país perseguidos por la justicia.

Segundo, un dato científicamente demostrado, una característica esencial del crimen organizado es su carácter transnacional. Hay muchos aspectos de las organizaciones criminales que  realmente no son conocidos, pero sí hay consenso universal sobre varios de sus atributos y uno de ellos  es su naturaleza transnacional.

Tercero, un elemento jurídico que revela ese rasgo transnacional del crimen organizado es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, de la cual nuestro país es parte y es desde sus disposiciones que debemos comenzar a revisar si  realmente estamos tomando las medidas adecuadas para enfrentar esta grave problemática de violencia y de inseguridad ciudadana. Incluso debe revisarse si la Ley contra el Crimen Organizado y los llamados Tribunales Especializados “Antimafia”, derivados de la misma, realmente han servido para enfrentar al verdadero crimen organizado transnacional de altos vuelos como el gran narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas etc.,  o si en la práctica se han convertido en una ley y en tribunales antimaras.

Si hacemos un análisis técnico, crítico, sin pasiones,  pensando realmente en el bien común, estoy seguro que no dudaríamos en concluir que ese cuerpo normativo y los tribunales que establece no van dirigidos a ese tipo de criminalidad; es una ley que tiene demasiadas debilidades, demasiados defectos técnicos, jurídicos e institucionales como para enfrentar el inmenso poder de esas organizaciones criminales.