Otro de los negocios que montó ARENA para agregar a su cadena de robos – DOCUSAL y el RNPN – no solamente desmanteló un viejo y probado mecanismo de identificación ciudadana, sino que facilitó el fraude. Doble vertiente: la emisión del DUI ha facilitado el fraude electoral y creó el fraude de un cobro excesivo que va a parar a manos de los elegidos de ARENA.

Hoy, ante la realidad tantas veces denunciada (decenas de miles de DUI’s falsos, denunció la Embajada de USA), en el intento de revertir la extensión amañada del documento, se ha originado un catastrófico “chapandongo”, en el que nadie sabe qué hacer: si se quiere veracidad del documento hay que pedir los documentos de base, si se quiere agilizar la entrega hay que olvidarse del engorro de los trámites.

    Y en la táctica arenera de amarrar sus negocitos, DOCUSAL amenaza al Estado con posibles demandas por alargar la vigencia de los que debían ser obtenidos en enero. Recordemos que la ex Presidente del RPN (una arenera) denunció desde el principio, que DOCUSAL violaba cláusulas del contrato. Es un contrato no conocido para la extensión de un documento, que ARENA anunció que serviría como tarjeta del ISSS (¿es que están afiliados millones de campesinos y trabajadores del sector informal?), NIT, licencia de conducir (¿es que conducen los millones de campesinas, la sirviente, la tortillera?...). Todo un fraude montado por ARENA cuya única realidad era privatizar una actividad que es del resorte del Estado, que durante decenas de años lo había desempeñado sin mayores quejas las Alcaldías y que si tenía deficiencias se debieron haber subsanado, que si debía modernizarse debía capacitárselas.

    La extensión del DUI por una empresa privada pone en riesgo la privacidad del ciudadano, aleja del sitio de su emisión a los habitantes más pobres del país y como siempre ha sido denunciado, ha favorecido el fraude electoral y ha permitido a un pequeño grupo de areneros hacer negocio  fácil.

    Nuestro derecho: veamos ya los cambios y que se conozcan los términos del contrato. Y que se devuelva la función de identificación a las Alcaldías Municipales.