Beatriz Castillo
Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos (EE.UU.) rastreará las armas ilegales que circulan en el país, para determinar la procedencia y quiénes las utilizan.

El asesor para Centroamérica de la ATF, Mark D. Jones, dijo que como parte de la iniciativa del Plan Mérida se ofrece la asesoría para abordar el problema de tráfico en la región.

La ATF visitará todos los países de Centroamérica para informarse y conocer en el campo la actividad ilícita, así como saber los mecanismos del abastecimiento.

A partir de este estudio la entidad del gobierno federal de EE.UU. diagnosticará la situación de la problemática y recomendará las acciones a seguir.

El representante de la ATF reveló que se han sostenido reuniones con el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, para avanzar en el tema y los mecanismos que utiliza para rastrear, lo que se sabe que hasta hoy lo hace la oficina de INTERPOL.

Se prevé que en dos semanas se capacitará en el manejo de una herramienta de rastreo de armas ilegales, que se utiliza a través del Internet, para que la PNC puede hacerlo de forma independiente; además, se estudia una unidad especializada dentro de la PNC. “La idea es que la PNC pueda saber de donde vienen esas armas y cerrar esas vías de acceso”, explicó Jones, quién es agente especializado y supervisor de la ATF, con experiencia en ciudades como Chicago y Washington en EE.UU.

Jones no adelantó un diagnóstico previo sobre la venta ilegal de armas o si existe alguna relación con el abastecimiento con grupos de narcotraficantes. La misma cautela mostró cuando se le preguntó por las investigaciones de las detonaciones de granadas M-67 en varias partes de San Salvador durante la última semana.

El experto confesó que desde agosto de 2009 se encuentra en El Salvador, para conocer la realidad del país, y adelantó que vendrán seis expertos de la ATF en diferentes ramas para reforzar el trabajo y el diagnóstico, del cuál, se proyecta tener un primer avance a más tardar en 45 días.

Prevé que a futuro se logre un acercamiento entre el Ministerio de la Defensa -que tiene el control de las armas legales- la PNC y la Fiscalía General de la República, para tener mejores resultados.