Gabriela Castellón
Redacción Diario Co Latino
 
Los diputados de las diferentes fracciones representadas en la Asamblea Legislativa dieron ayer 75 votos a favor para aprobar la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo. La normativa tiene por objetivo velar por la salud y seguridad que deben aplicarse en los centros de trabajo.

El Ministerio de Trabajo registró en 2009 más de 13 mil accidente en lugares de trabajo. Esta ley, además de responsabilizar al empleador para que ejecute programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, también lo obliga a proporcionar o facilitar el uso de equipo adecuado, como cascos o mascarillas, para evitar accidentes o problemas de salud.

La ley consta de 90 artículos. Entre estos, se destaca la creación de comités de seguridad y salud, organizados por los empleadores, en todas aquellas empresas donde laboren quince o más trabajadores. Además, todos los  cambios o modificaciones en equipos o instalaciones deberán ser notificadas a la Dirección General de Previsión Social.

Victoria Marina de Avilés, Ministra de Trabajo, dijo ayer durante una visita al pleno legislativo, que esta ley era importante no sólo por el beneficio de la salud de los trabajadores; sino, porque también aboga por la igualdad de género.

En el artículo 3, la ley establece la prohibición de toda forma de discriminación en la implementación de las políticas o programas de protección de la seguridad y la salud. Además, reitera que todo trabajador y trabajadora tendrá derecho “a igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el desempeño de su trabajo”.

Reynaldo López, diputado del PCN, dijo que esta ley era de importancia, porque “garantiza la protección de los trabajadores en sus actividades riesgosas”. Además, los diferentes grupos parlamentarios sentaron postura y coincidieron en el paso “trascendental” para el beneficio de los trabajadores.

Las sanciones serán leves, graves y muy graves. La forma de cobro será económica y la sanción de una falta muy grave, como no contar con mecanismos de emergencia, carecer de lámparas apropiados en atmósferas explosivas o inflamables; o alterar, cambiar o hacer desaparecer el número o los sellos oficiales de un generador de vapor, será mayor a 5 mil dólares.