Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

Condiciones difíciles para los internos, un sistema penal deficiente y la dificultad para establecer programas de rehabilitación, resume el balance revelado por la Red para un Sistema Penal Humanitario.

Los puntos señalados por los representante de la organización van desde la debilidad institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) hasta los vacíos legales de la Ley Penitenciaria.

El primero de ellos fue el hacinamiento de más de 21 mil 836 personas en los recintos, lo que representa una sobrepoblación del 266,8% de la capacidad real.

De esa cantidad, 13 mil 671 son condenados y 7 mil 439 procesados en diferentes centros penales del país.

El dato registra las condiciones del sistema hasta el 6 de noviembre de este año y, según Guillermo  García, presidente de Asociación de Ex Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES), el colapso carcelario es inminente.

“Nosotros que conocemos muy bien las cárceles, sabemos que en esas condiciones muy difícilmente se podrá desarrollar programas de readaptación y de una verdadera reinserción a la vida productiva”, indicó García.

El representante de AEIPES cita el ejemplo del Centro Penal  La Esperanza, conocido  como “Mariona”, que tiene capacidad de albergar 800 internos, sin embargo, hasta esta fecha sobre pasa los 4 mil 500 reclusos.

Explica, además, con datos proporcionados por la DGCP, que en la mayoría de los centros no hay medicamentos, a pesar de donaciones hechas por algunas entidades no gubernamentales.
El problema se agrava también por el desabastecimiento de alimentos, y debido a que  una empresa privada es la responsable de tal servicio, no se cumplen los estándares de calidad ni cantidad, señala García.

“Hacemos un enérgico llamado al señor Presidente de la República, Mauricio Funes, a que diseñe una política carcelaria con base al artículo 27, inciso tres, de nuestra Constitución, que establece que el Estado Organizará los  centros penales con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y prevención de delitos”, enfatizó García, a través de un comunicado.

Para los miembros de la organización es importante que la Corte Suprema de Justicia revise un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Fundación  para la Aplicación del Derecho (FESPAD), referente al artículo 103 de la Ley Penitenciaria, que, según mencionaron, riñe con los propósito que la Constitución de la República persigue para reinsertar al recluso a la vida productiva.

Pidieron a la Asamblea Legislativa que analice la legislación vigente en materia penal, “a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones del Estado a nivel internacional”.

La Red, que al término de 2009 exige cambios en el sistema penitenciario, está conformada por FESPAD, AEIPES, Homies Unidos, OPERA y Fundación Quetzalcoatl.