Beatriz Menjívar
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Diversas asociaciones judiciales denunciaron que el Decreto de retiro voluntario, anunciado para diciembre, ha sido una maniobra “antiética”  por parte de la administración de la Corte Suprema de Justicia.

Félix Blanco, Secretario General del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), declaró que a pesar de “haberse consensuado” un acuerdo en corte plena, hubo  una “mala intención” de parte de los involucrados para que el acuerdo no   prosperara en la Asamblea.

“Estuvimos interviniendo ante los magistrados para que se dé el acuerdo, hemos hablado con autoridades del Ministerio de Hacienda y la respuesta que nos dieron fue que sólo les mandaron la documentación pero no se le dio seguimiento”, declaró Blanco.

Contrario a eso, afirmó que varios compañeros ya fueron notificados que no se les renovará su contrato, “violentando el Decreto de reforma a la Ley de Servicio Civil y la Constitución al no  seguirles el debido proceso”.

“No hubo voluntad política de que ese retiro voluntario se diera, porque están cesando a una gran cantidad de compañeros y negaron el retiro voluntario que esta gente pudo aprovechar para que se le reconociera su indemnización”, denunció el sindicalista, a la vez que llamó a los despedidos a unirse y a “agotar todos los aspectos legales” para lograr un acuerdo.

“Aunque hayan méritos para que los compañeros cesados deban dejar sus trabajos, debieron seguir un debido proceso, y eso no lo hicieron las autoridades. Condenamos las actitudes de las autoridades porque evaden el tema”, respaldó Pedro Zaldívar, Presidente de la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATRAJUS), quien además llamó a “cerrar filas”  a los empleados judiciales, para realizar acciones y evitar mayores despidos “arbitrarios”.

Funes definirá rumbo de decreto
El Presidente de la República, Mauricio Funes, definirá el rumbo del decreto transitorio que se emitió en la última sesión plenaria de esta semana. Con el decreto se pretende proteger un año más a algunos empleados públicos que ocuparon puestos de confianza o políticos con la administración del ex presidente Elías Antonio Saca.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, señaló que será Funes el que decida qué pasará con el decreto, mientras tanto, las suspensiones de contratos de algunos puestos se han hecho efectivos en este mes.

Melgar dijo que en su cartera de Estado el personal llega a los más de 25 mil personas y solo se está separando de sus contratos a un total de 130 personas, lo “significa un porcentaje muy mínimo”.

El funcionario aseguró que se han hecho evaluaciones e indagaciones sobre el personal separado de su cargo, y tienen gente que ocupa cargos políticos, gente que no ofrece buen servicio al usuario y personas señaladas en ilícitos.

El titular advirtió que el decreto emitido por la Asamblea Legislativa puede “caer” en la inconstitucionalidad porque este órgano del Estado no puede “estar ordenando” al Ejecutivo las medidas a tomar, aunque aseveró que será el Presidente el que “planteará si sancionarlo, vetarlo o analizarlo”.