Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Representantes del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) consideran que la ley de amnistía es un obstáculo para la protección y defensa de los derechos humanos en el país.

Para Jorge Urbina, integrante de IEJES, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz dejó sin efecto las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en relación a los crímenes investigados y delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado salvadoreño.

Dicha ley “extinguió la posibilidad de sanción penal de las personas implicadas en la perpetración de los hechos de violencia descritos en su informe y extinguió la responsabilidad civil correspondiente”, manifestó Urbina.

Y es que según los profesionales en leyes, en El Salvador, la ley de amnistía no constituyó un instrumento de reconciliación entre las grandes mayorías de la población, a quien por muchos años se les ha negado el derecho de conocer la verdad, utilizando la ley como instrumento político que sólo reconcilió a los gobiernos de turno y a la Fuerza Armada, comprometiéndose el gobierno a no perseguir penalmente a los máximos responsables de los crímenes y procurarles a los coroneles y generales señalados en los informes como autores de estos, un retiro digno y económicamente cuantioso.

Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Ley de Amnistía contradice la Convención Americana, porque el Estado salvadoreño incumple su compromiso de respeto a los derechos fundamentales relacionados a la justicia y a la reparación integral de los daños materiales y morales de las víctimas.

Urbina aseguró que es importante activar un mecanismo nacional de esclarecimiento histórico de la verdad, “ya que el mejor antídoto contra la amnesia que pretende la Ley de Amnistía, es la memoria colectiva apropiada como tal por un amplio sector de la población”.

Asimismo, Urbina dijo que el gobierno de El Salvador debe de “emular” a otros gobiernos de Sur América, que fueron los que dieron impulso a la revisión de los casos de violación a los derechos humanos, declaración de invalidez y nulidad de la ley de amnistía, ya que consideran que ese es el mecanismo idóneo jurídicamente y no el de la derogatoria que como se está planteando actualmente. 

Respecto a la derogatoria de la ley de amnistía, Urbina dijo que hay un problema de carácter técnico jurídico y que la derogatoria no es el camino adecuado.

“Porque la derogatoria de la ley de amnistía implica de que esa ley tendría que ser retroactiva y en materia penal la retroactividad es posible siempre y cuando se favorezca al delincuente”, aclaró.