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El Salvador, Martes 23 de Septiembre de 2014
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Martes, 24 de Noviembre de 2009 / 11:02 h

Citi Bank construyó residencial en zona de alto riesgo

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Durante el gobierno del partido ARENA muchas construcciones habitacionales  fueron avaladas pese a que estas se encontraban en zonas de alto riesgo. Foto Diario Co Latino.

Durante el gobierno del partido ARENA muchas construcciones habitacionales fueron avaladas pese a que estas se encontraban en zonas de alto riesgo. Foto Diario Co Latino.



Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

La residencial Palo Alto, ubicada en el municipio de Zaragoza, corre el riesgo de ser soterrada por estar construida en un lugar de alto riesgo y considerado también zona de protección de la quebrada de invierno.

La construcción de la residencial se realizó durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca; tiempo en que los permisos fueron emitidos bajo una serie de irregularidades jurídicas.

La empresa encargada de construir alrededor de 400 viviendas fue D&D Construcciones S.A. Ingenieros Civiles, con el financiamiento del Banco Cuscatlán, ahora con el nombre de Citi Bank de El Salvador

El proyecto se concretó, aún y cuando el artículo 129, de la Ley de Bancos, establece que ningún banco puede “asumir riesgos con la sociedad controladora por una suma total que exceda el 50% del Fondo Patrimonial”.

Solamente podrán conservar los activos extraordinarios siempre y cuando los destinen para un bien público, cultural o para beneficio de sus empleados.

Los habitantes de Palo Alto aseguran que los permisos tanto ambientales como de construcción estuvieron “amañados”.

Hace cuatro años, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ejecutó una auditoría ambiental, pero no dio a conocer los resultados del estudio técnico y se continuó con la construcción de las viviendas.

Las autoridades de ese entonces avalaron el proyecto del Banco Cuscatlán a sabiendas del peligro hacia los futuros residentes.

Uno de los denunciantes y habitante de la residencial es José Ricardo Vega, quien considera que “para que el Banco Cuscatlán pudiera violar todos los reglamentos y leyes, tuvo que existir un par de corruptos, quienes permitieran que eso pasara”.

Según Vega , algunos de las autoridades involucradas fueron: el Ministro de Obras Públicas (MOP), David Gutiérrez; Yolanda de Reyes, ex Gerente de Estándares y Licencias del Viceministerio de Vivienda;  Francisco Vega, Viceministro de Vivienda.

Asimismo, acusa de permisivos a Jorge Nieto también exministro del MOP; Carlos Guerrero, exministro del MARN; Dany Rodríguez, Alcalde de Zaragoza, Edna Maribel Artiga y la ingeniera María Antonieta de Díaz, Gerente de Estándares de la construcción, quien también era la representante de la constructora.

Durante la administración de Saca, todas los referidos funcionarios, entre otras involucrados, se prestaron para avalar la construcción de la residencial Palo Alto.

Ahora, las decenas de habitantes deben salir de ahí, porque están en riesgo, tanto por los taludes como por la quebrada que pasa cerca del lugar.

“Yo no digo que esto pasará mañana, pero tarde o temprano pasará y quién le va a responder a esta gente”, cuestiona Vega, quien fue embargado de la propiedad con agilidad, tras haber denunciado el inminente peligro.

Vega asevera que como “Citi Bank absorvió todas las responsabilidades del antes banco Cuscatlán ahora son ellos quienes tienen que indemnizar y no la constructora porque el propietario es el banco”, considera Vega.

El afectado comentó que la constructora se desliga completamente de los problemas que pueda tener la residencial, pues “según ellos no sabían en qué se estaban metiendo”.

Hasta el 5 de octubre de 2009, las nuevas autoridades informaron sobre los verdaderos resultados de la inspecciones realizadas, en las cuales se descubrió las ilegalidades cometidas por la anterior administración como por la institución financiera.

Por el momento, el Viceministerio de Vivienda, Edín Martínez, ha frenado los permisos por todas las acciones de “corrupción” halladas, y será hasta que se corrijan y paguen las multas que se recibirá el proyecto habitacional. 

Así que todas las personas que ha reservado las viviendas y que tienen créditos aprobados no podrán escriturar.

“Quienes compraron viviendas ahí son dueñas de las paredes, pero no del terreno. Otro de los problemas es que las áreas verdes están en unos barrancos, taludes que son de tierra floja y otro de roca fragmentadas”, dijo Vega.

La Ley de Urbanismo y Construcción señala en el artículo  9, que “las alcaldías respectivas, al igual que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, estarán obligadas a la suspensión o demolición de obras que se estuvieren realizando en contravención de las leyes y reglamentos de la materia”.

En consecuencia, las instituciones involucradas deberán responder por el proyecto habitacional que ahora atenta contra la vida de sus mismos residentes.

Y así evitar tragedias como la ocurrida en Verapaz, San Vicente, donde las lluvias dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la zona, causando pérdidas materiales y humanas.

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