Oscar A. Fernández O.

El temor a la delincuencia, según la última investigación de opinión de la Universidad Centroamericana, de julio agosto de este año, sobrepasa el 50% del total de la población encuestada, mientras que las víctimas de un hecho delictivo es de 16.4%.

De acuerdo a otros organismos que siguen la tasa de homicidios en El Salvador, incluyendo los datos policiales, el mes de octubre recién pasado alcanzó el índice récord de 75,5 por cien mil habitantes, comparados con el 2008 que según el último Informe del PNUD sobre desarrollo humano, se alcanzó 52 por cien mil habitantes (datos proporcionados por la mesa técnica). De continuar esta tendencia, el problema de la seguridad pública se situará en primer lugar dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Este lugar actualmente, aún lo ocupa la situación económica de los salvadoreños.

El programa de gobierno del FMLN, elaborado por las mesas populares sectoriales y especializadas, estableció en las políticas de seguridad pública estrategias de control y prevención que de forma conjunta buscan impactar en las consecuencias y en las causas del problema.

Iniciativas como las reformas de la justicia y de reforma de la institución policial, la contemporización y tecnificación de varias de sus áreas más estratégicas, el énfasis en la participación comunitaria como artífice de la prevención y la vinculación de las instituciones del sistema de justicia criminal con la ciudadanía, son algunos ejemplos de los procesos fundamentados en dicho programa.

Paradójicamente, el consenso discursivo, académico y político, sobre la necesidad de políticas integrales, que resuelvan las causas estructurales del crimen, se enfrenta con una emergente crítica ciudadana sobre la inseguridad y el requerimiento por acciones de resultado rápido y efectivo. Es por esto que en la actualidad son las políticas de corto plazo y, principalmente de carácter represivo, las que se han convertido en fórmula frecuente de respuesta por parte de la generalidad de gobiernos del hemisferio.

En este contexto, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos países de la región. Aunque el avance del proceso de democratización y el fin de los conflictos armados hacían pensar en una disminución de la participación de los militares en el plano interno, lo cierto es que la percepción de ineficiencia de los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación han reintroducido el debate sobre el uso de los militares en el plano interno.

Adicionalmente, los hechos ocurridos el 11 de Septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York pusieron de relevancia la importancia del terrorismo y abrieron un debate sobre la necesidad de controlar de mejor forma la situación de seguridad de los países vecinos como México y Centroamérica (L. Dammert, Nueva Sociedad 2008).

Es en este contexto, que precedidos por el pensamiento punitivo norteamericano sobre la seguridad, muchos comienzan a aceptar tesis conspirativas surrealistas, como por ejemplo que las pandillas juveniles (maras) son la fachada de un complot internacional que llega a las mismísimas estructuras de Al Qaeda y otras organizaciones terroristas.

Desde un punto de vista institucionalista tradicional, durante el período posterior a los procesos de democratización de los países de la región, las Fuerzas Armadas han intentado mantener -y en algunos casos aumentar- muchas de sus prerrogativas y roles ejercidos en el pasado, incluyendo aquellas de índole policial y de control ciudadano (operaciones de inteligencia y represión). Con el cada vez más generalizado uso de militares en seguridad pública, se ha generado un intenso debate sobre la pertinencia de este tipo de medidas entre académicos, políticos y gobernantes.

Contrario a las expectativas, la experiencia reciente de las dictaduras militares no pareció afectar de manera definitiva los sentimientos de la población sobre sus instituciones armadas y el papel extremadamente represivo que estas desempeñaron, torturando y aniquilando a miles de personas. De hecho, en diversos países de la región los niveles de confianza que tienen las fuerzas castrenses son mayores que los de las policías y los políticos.

Es así que como marcados por la inseguridad y por una notable decepción con la capacidad de los gobiernos en los últimos veinte años, que prácticamente desmontado los mecanismos democráticos para resolver sus conflictos, surgen múltiples voces exigiendo una mayor participación de los militares en misiones de represión del delito.

Lucía Dammert (Revista Nueva Sociedad, 2008), nos plantea ciertas interrogantes claves: ¿Es el uso de las Fuerzas Armadas adecuada para resolver la falta de seguridad en las calles? ¿El uso de militares en seguridad pública genera mayor sensación de seguridad en la ciudadanía? Desde un punto de vista teórico, ¿Bajo qué circunstancias este uso es permitido y recomendado? ¿Qué circunstancias existen o han existido para que se tome esta decisión? ¿Cómo los gobiernos evalúan este tipo de medidas? En el largo plazo, ¿cómo el militarismo puede afectar las relaciones civiles-militares? ¿Y cómo puede afectar a las relaciones policía-militares?

Durante los años 90, la cooperación internacional aportó con sugerencias y financiamiento tanto en los procesos de democratización como en la firma de los acuerdos de paz en Centro América, donde uno de los elementos centrales de dichos acuerdos fue la diferenciación entre las tareas propias de las policías y aquellas desarrolladas por las Fuerzas Armadas. Con el empeoramiento de la situación de seguridad interna enfrentado en la región, los Estados Unidos han jugado un papel relevante en la vinculación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.

Hace diecisiete años los Acuerdos de Paz, que terminaron con lustros de conflicto armado en El Salvador,  establecieron un indisoluble compromiso para hacer profundos cambios en el campo de la seguridad pública. Estos acuerdos, incluían como condición indispensable para cesar el conflicto armado, la desmilitarización de la sociedad, que significaba que las fuerzas castrenses se restringieran a sus cuarteles y dejaran la toma de decisiones para gobernar al poder civil, sin injerencia alguna.

La cuestión de la seguridad pública quedaba en manos exclusivamente de la nueva Policía Nacional Civil, sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas en Centroamérica en lo cotidiano, se da de manera permanente en patrullaje de apoyo para prevenir la delincuencia común y el crimen organizado. De la misma forma existe un acuerdo de colaboración para que el Ejército otorgue seguridad perimetral en los centros penitenciarios.

Con todo, el uso de las Fuerzas Armadas en los países de América Central se observa como una política que permanecerá en el largo plazo. En un contexto de fuerte descrédito de las instituciones policiales y una baja efectividad en disminuir el número de delitos, las Fuerzas Armadas son vistas por la población como las instituciones que de manera natural deben actuar en cuestiones de seguridad.

El mejoramiento de las capacidades de monitoreo, patrullaje e inspección gracias al aporte de la asistencia norteamericana hacen prever que serán los Ejércitos los encargados de lidiar con desafíos como el control del narcotráfico y el crimen organizado en el corto y mediano plazo. La militarización de nuevo, parece estar a la vuelta de la esquina.

El aumento de la inseguridad pública es un problema crítico en América Latina, frente a esto, la justicia y la policía han mostrado fragilidades profundas que permiten el aumento de la impunidad, la inseguridad y la desconfianza entre los ciudadanos. Esta situación ha sido enfrentada sólo parcialmente, con medidas de reforma institucional que en el mejor de los casos han tenido impactos sólo parciales.

Pero, ¿estamos en un camino de policialización de las Fuerzas Armadas del continente o de la militarización de la seguridad pública? Sin embargo, como se ha visto, los resultados de las investigaciones realizadas,  han sido poco analizados y cuantificados por lo que es aún imposible afirmar si la participación de las Fuerzas Armadas es una medida positiva en el combate a la delincuencia.

En cualquier caso se encuentran algunas áreas que requieren ser analizadas y debatidas en la región para evitar un incremento de la crisis del sector seguridad.

En El Salvador, particularmente la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General, necesitan de sendas reformas profundas tanto en su función como en su organización y formación profesional. Buena parte de las causas del debilitamiento de dichas instituciones se encuentra en estas deficiencias sistémicas, fuertemente enraizadas en el debilitamiento del Estado, por el ahora derruido modelo neoliberal.