Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

El desastre provocado por las lluvias del primer fin de semana de noviembre muestran la vulnerabilidad de los sectores más pobres, ante las consecuencias del cambio climático, afirma la Red de Ambientalistas en Acción.

Esta es una organización nacional compuesta por organizaciones locales y comunidades de todo el país, que educa y potencia la organización política local como un instrumento para evitar la destrucción del ecosistema, que es una de las causas del cambio climático.

Según la institución, es necesario que el Gobierno tenga políticas más claras de reducción de vulnerabilidades,  que permita pasar de una visión “emergencista” de los desastres a una política de Gestión de riesgo; aseguran que en términos de finanzas, esto es más barato que reconstruir después de un  desastre.

La Red mostró su  solidaridad con todas las personas que resultaron afectadas con el desastre e hizo un llamado a la solidaridad para todos los damnificados; también aseguraron que los sistemas de alerta temprana y las medidas de mitigación mostraron no ser suficientes.

Cuantiosas pérdidas agrícolas
Aunque las pérdidas agrícolas son grandes, la organización cree que esto se ha invisibilizado. Afirman que antes del paso de la tormenta “Ida”, el Ministerio de Agricultura reflejaba en sus datos, que la sequía había dejado pérdidas por un millón 487 mil 389 quintales de maíz,  89 mil 978 quintales de frijol; 162 mil 231 quintales de sorgo y 11 mil 026 de arroz. Las pérdidas aumentaron luego de las lluvias.

La Red reconoce que la situación, que afecta a los sectores más pobres, tiene sus raíces en una situación más compleja, provocada por las visiones erradas de las administraciones anteriores; en tal sentido, mostraron su preocupación por la pieza de correspondencia interpuesta por la fracción legislativa de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en la Asamblea Legislativa para solicitar apoyo para el sector agrícola.

La Red sostiene que ARENA no representa a todo el sector agrícola, sino sólo a un sector.  En este sentido, proponen al Gobierno de Mauricio Funes que, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) construya una política agrícola, pesquera y alimentaria que sea ecológica, social, económica y culturalmente acorde al contexto del país.

Según explicaron, una agricultura sustentable debe ser: “ ecológicamente segura, económicamente viable, justa en lo social, adecuada en lo cultural y basada en enfoques científicos y holísticos que incluyan el conocimiento indígena y de las comunidades”.

También indicaron que se debe priorizar la agricultura local, garantizar el acceso a la tierra y al agua; que el Gobierno garantice los derechos de los agricultores a conservar e intercambiar las semillas milenarias, establecer un banco de semillas y la generación del conocimiento científico sobre estas alternativas.

La organización solicitó que se inspeccione y valoren las pérdidas en la zona Occidental del país; que se cree un plan de créditos que sea accesible a los pequeños agricultores; políticas de ordenamiento territorial y que se aumente la eficiencia de los sistemas de alerta temprana, obras de mitigación y de control de inundaciones.

Para concluir, requirieron de la promoción de una “verdadera Soberanía Alimentaria y que seamos capaces de producir lo que verdaderamente consumimos para la subsistencia”.