Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

Ante la denuncia de varios agentes policiales sobre la existencia de un frente “antisistema” para generar impunidad de los casos judiciales en el país, el  Juez propietario del noveno de paz, en San Salvador, se desmarcó de las acusaciones y puso en tela de juicio a los denunciantes.

“Jamás me he involucrado en actividades de índole política, mucho menos, en actividades que pretenden socavar la gobernabilidad, no me prestaría a eso”, afirmó el abogado.

Esta semana, Diario Co Latino publicó una nota, en la cual  policías denunciaban a los juzgados 9, 12, 13 y 14 de paz de prestarse a un plan desestabilizador, organizado por el diputado del PCN, Antonio Almendáriz. 

Sin embargo, el jurista desestima la proveniencia de la denuncia y deja entrever la existencia de algunas personas con “oscuros objetivos”.

“Quienes escribieron esa nota son los verdaderos antisistema y quieren desestabilizar en un periodo coyuntural para el país. Creo que ha habido ligereza, por no decir delito de difamación, al referirse al noveno de paz”, señaló el juez.

En la denuncia, los elementos de la corporación policial señalaron que los referidos juzgados supuestamente no le brindarían ayuda en los procedimientos de captura de involucrados en pandillas.

Según los agentes, los días de mayor renuencia de los juzgados fueron del 21 al 24 de octubre. No obstante, el juez desvirtuó la situación y comprobó con registros en mano, que laboró hasta en días de descanso.

“Unidades policiales como la DIHO, la antiextorsiones, crimen organizado y otras pueden dar fe sobre qué tribunales les han brindado apoyo cuando no se está en horarios hábiles”, declaró el juez.

El artículo 18 de la Constitución de la República establece que “cualquier persona puede dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades establecidas y éstas deberán resolver”.

Por lo anterior, los tribunales de paz tienen un rol de servicio, el cual no pueden denegar y si lo hicieren, deberán responder sobre su actuar ante la Corte Suprema de Justicia, donde se sancionará según la gravedad de la omisión. En respuesta al mandato constitucional, el abogado sugirió a los policías levantar un acta, que constate que no se les recibió las diligencias, y presentarla en la sección de investigación judicial para evitar ese tipo de actitudes.