Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

La ausencia de políticas de desarrollo que prioricen el tema del agua en el país lo han llevado a que sufra estrés hídrico, al igual que países como México, Perú, República Dominicana y Haití, afirmó Javier Bogantes, miembro del Tribunal Latinoamericano del Agua.

El tribunal, una instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental, tiene como propósito contribuir a la solución de conflictos relacionados a ecosistemas hídricos, por lo que mantiene un constante monitoreo de la situación en el continente.

En el país, el poco compromiso directo de parte de la industria por tratar sus aguas servidas, de una ley del agua y la falta de concientización de las entidades gubernamentales y la ciudadanía son factores que han puesto cuesta arriba el tema del recurso hídrico, explicó el funcionario. 

Aunado a ello, la realización de megaproyectos como las represas del Cimarrón y El Chaparral, el anillo periférico o la lotificación de la finca El Espino, que contribuirán al “progreso”, ponen en entredicho el “desarrollo” con la ética crítica, agudizando el impacto ambiental.    
 
Hasta el momento, el país ha enfrentado seis demandas ante esta instancia por la depredación de la finca El Espino, la construcción del anillo periférico, la construcción de la represa El Cimarrón, El Chaparral y Sensunapán, así como la minería a cielo abierto que pretende impulsar en el país la Pacific Rim.

Las demandas han sido interpuestas por organizaciones no gubernamentales, y aunque ninguno de los veredictos vertidos por el tribunal son de carácter vinculante. “Ninguna empresa quiere arriesgarse a tener una condena ética que puede llegar incluso a cerrarla”, afirma Bogantes.

“Si no se da una rearmonización y equilibrio entre los procesos productivos y ecológico no va haber una sociedad sustentable”, razona el jurista. “El veredicto busca concienciar a l sociedad y presionar a los políticos”, afirma Bogantes.

Sin embargo, el tribunal también fomenta, no sólo los juicios internacionales para lograr un equilibrio medio ambiental, sino la educación y sensibilización en la protección del agua.

Y bajo este eje, se han reunido en el foro nacional: “Hacia una ética para el agua en las políticas de producción en El Salvador”, experiencia que el tribunal desarrolla por primera vez en el país con el objetivo de involucrar a la sociedad, y las entidades gubernamentales para integrarlas en un trabajo en conjunto.

“El gobierno pasado mostró una falta de atención y desconocimiento, no se incorporó al tema de la naturaleza, y los efectos se están viendo en este momento. Esperamos que los pasos actuales sean mejores”, afirma Bogantes.

El miembro del Tribunal ve en el cambio de gobierno una mayor apertura al integrarse al foro al Ministro de Medio Ambiente, el Presidente de ANDA y otros funcionarios gubernamentales, sin embargo, si la ciudadanía no se integra, las intenciones no son garantía de cumplimiento.

“El foro es para compartir con funcionarios y todos los que tiene que ver con el tema. Discutir sobre el problema es vital, para que el país tenga una política sobre el tema del agua, y tenemos la esperanza que el nuevo gobierno la integre”, afirma Bogantes.