Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

Que el ejército realice tareas de seguridad pública acompañando a la Policía Nacional Civil (PNC) para combatir la escalada de criminalidad y la violencia, no ayudará en nada, porque sería “una copia más de un plan Mano Dura”.

Esa es la crítica que hace la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que sostiene que si la Fuerza Armada inicia labores de seguridad pública, sólo traerá consigo un aumento de la fuerza y la represión.

Esta organización de la sociedad civil puntualizó que los soldados no están preparados para ejercer seguridad pública porque se contrarrestaría la violencia, ejerciendo la fuerza, como la utilizada en los planes Mano Dura.

La directora ejecutiva de FESPAD, María Silvia Guillén, indicó que el ejército sólo realizará la represión y no combatirá el fenómeno, como lo haría un agente policial, quien ha estudiado y ha sido entrenado para ello, y que “los planes Mano Dura han sido represión y más represión, pero no se ha fortalecido la investigación del delito y los testigos son la única forma de probar un delito”.

La Presidencia de la República puede disponer del Ejército para las labores de seguridad interna si se han agotado los medios ordinarios para la paz dentro  del territorio, según lo indica el ordinal 12 del artículo 168 de la Constitución.

FESPAD cree que las condiciones del país aún no están dadas para seguir al pie de la letra esta parte del referido artículo.

Guillén manifestó que con el ejército se triplicarían las capturas y esto haría colapsar de nuevo al sistema judicial y a las cárceles del país, tal y como sucedió con el plan Mano Dura.

Guillén está conciente que todavía es poco tiempo para exigirle soluciones al nuevo Gobierno sobre el combate a la criminalidad, pero, advierte que será un error que en tan poco tiempo cometa las mismas faltas de Ejecutivos anteriores.

Para FESPAD, uno de los errores actuales es que las autoridades se limitan a creer que los delitos y la violencia las ocasionan las pandillas, y no voltean su mirada hacia el crimen organizado, estructura donde están metidos el poder político y económico.

Lo que se puede hacer para combatir la criminalidad es que las instituciones funcionen. Esto implica que la Fiscalía General de la República actúe e investigue bien el delito y presente casos “robustos” en los juzgados. Que la policía no realice redadas y haga más capturas en flagrancia y aprender a individualizar a los delincuentes.

También, que exista un control de las armas de fuego, un presupuesto adecuado para la policía y se mejoren las condiciones de trabajo para los agentes de la PNC.