TeleSUR


En una sesión dedicada a evaluar la situación en Centroamérica, la Asamblea General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó la restitución en su cargo del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, que hace cuatro meses fue apartado del poder a través de un golpe de Estado militar.

En el debate sobre Honduras se produjeron intervenciones de los embajadores latinoamericanos, siendo los delegados de Brasil, El Salvador, Venezuela, Argentina y México, además del embajador español ante la ONU, los que más enérgicamente exigieron el regreso de Zelaya al poder.

Los diplomáticos denunciaron el asedio de las fuerzas policiales y militares del régimen de facto contra la sede diplomática brasileña en Tegucigalpa, donde se encuentra alojado Zelaya y un grupo de colaboradores.

El discurso de los embajadores latinoamericanos en la ONU significarón la retoma de los pronunciamientos que los respectivo jefes de Estado expresaron ante la Asamblea General el pasado mes de septiembre.

En la sesión del miércoles, los embajadores además expresaron su respaldo a las distintas iniciativas regionales que exigen el retorno del legítimo presidente de Honduras, cargo que desde el pasado 28 de junio es ocupado ilegítimamente por el empresario hondureño Roberto Micheletti.

El pasado mes de julio, la Asamblea General de la ONU, entonces presidida por el nicaragüense Miguel D'Ecoto, aprobó una resolución de condena al golpe de Estado y al quebrantamiento del orden constitucional y democrático en Honduras y demandó la inmediata e incondicional restauración del gobierno de Zelaya.

El pleno de la Asamblea General de la ONU, en la sesión de este miércoles, además aprobó una resolución dedicada al trabajo de la comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala.

El texto insta a proporcionar asistencia efectiva y eficiente a esa comisión y exhorta al gobierno de ese país a continuar su apoyo para consolidar los logros y superar los desafíos existentes en esa materia.

Al respecto, el documento pide a la administración del presidente guatemalteco, Álvaro Colom, que persista en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones que fundamentan el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos.