Ing. Omar Salinas
Analista Energético

A cien días y más, a pesar de todo lo que se dijo de este nuevo gobierno, dos cosas han quedado evidenciadas. Por un lado, quienes pronosticaron y le apostaron a que la presente gestión pública sería un fracaso o un descalabro total, se equivocaron.

El presidente Funes ha anunciado que llevará a cabo la ejecución de una serie de medidas y programas que, aunque han sido cuestionadas por la viabilidad económica para ponerlas en operación, nadie puede negar los beneficios qué, en caso se realicen, traería consigo para algunos sectores de la población, principalmente de aquellos más vulnerables, y que por décadas han estado excluidos de la sociedad en que vivimos. Eso se aplaude.

Pero por otra parte, también, si se considera las expectativas de cambio que se generaron en torno a este nuevo proyecto político, que hoy es el gobierno y qué,  administra el Estado, a fuerza de ser sincero, este cambio aún no se está dando, y si se está dando, todavía no se percibe.

No obstante, lo que no puede ponerse en duda, es la voluntad, esmero, dedicación, honradez y buena fe que el mandatario Funes y su selecto grupo cercano de confianza manifiestan  en cada una de sus acciones.

Sin embargo, hay factores exógenos  y endógenos que han jugado y, que están jugando, en contra del nuevo mandatario. Primero, una crisis económica internacional de grandes proporciones, que se generó en el país del norte, y que sumado a la fragilidad y vulnerabilidad estructural interna, provocada por la decadencia del sistema político, la debilidad institucional, idolatría del mercado, y el rol del Estado como un actor o espectador  más, y no como un rector, como debe de ser, son condicionantes que le ponen cuesta arriba, pero no hacen imposible, la gestión del presidente Funes, sin que ello deba representar una excusa u obstáculo para no hacer nada, o para cuando se haga algo, hacerlo mal.

Pues hay otras circunstancias que, aparte de las antes mencionadas, también incidirán negativamente si no son atendidas y corregidas oportunamente por el mandatario. Da la impresión, más allá del beneficio de la duda y el margen de los 100 días y fracción, que hay funcionarios  de la  actual administración,  principalmente del lado de los LAICOS, que todavía no se adaptan o no se adaptarán, “por mencionar un calificativo decente”, a las exigencias que requiere un cargo de esta índole, otros, un grupo importante, a manera de ser equitativos, sí están cumpliendo con creces lo encomendado, pero existe otro menor número que no llegan ni siquiera a lo discreto, incluso dando la sensación de desconocer hasta el rol de las entidades que presiden , y lo que debería preocupar más, ya se han observado más de alguna discrepancia entre dos instituciones del Estado, evidenciando que la parte de coordinación y homogeneidad de criterios en este nuevo gobierno, es al algo que debe mejorarse mucho y pronto.

Ya en estos primeros meses se dio un primer caso en donde el mismo Secretario Técnico de la Presidencia, Dr. Alex Segovia,  tuvo que salir al paso y desconocer una serie de informes, precisamente, de un mismo ente de Estado,  que no obstante , sí  causó algún efecto mediático, y al menos, más de alguna contradicción  en el ejecutivo, que para sanidad  del gobierno, y consecuentemente para los intereses de la nación, es necesario se transparentasen  y si hay algo que corregir, pues que se haga y que se haga público.

Para el caso concreto nos referimos  a los supuestos informes que se han  divulgado o filtrado, como usted  lo prefiera, en fin da lo mismo,  recientemente a los medios de comunicación, y que están relacionados a la recomendación  que la SIGET ha hecho sobre  la suspensión temporal y definitiva del proyecto El Chaparral, un proyecto de mediana capacidad,  por demás conflictivo, pero que al margen de la polémica que se ha generado alrededor del mismo, y sí existe la viabilidad técnica- económica que lo sustente , es necesario implementarse, independientemente se esté en campaña de estar a favor o en contra del mencionado inmueble, sino  porque a la base existen diversas razones para hacerlo, pero, insisto, sin que ello implique  pasar por encima de los derechos que seguramente personas humildes del lugar tienen, y que deben de ser atendidos directamente por el Estado, en auxilio y coordinación con la CEL, que dicho sea de paso su único y principal rol  para la que fue creada  es la ejecución de los proyectos  de generación eléctrica, por lo que son otras instancias del ejecutivo,  como la incipiente y muy publicitada Secretaría de Asuntos Estratégicos, por mencionar una,  las llamadas a complementar las acciones que garanticen  que a las personas originarias y autóctonas del  lugar,  les llegue realmente los beneficios que se merecen, de tal manera que se les compense de acuerdo y en sintonía a la magnitud que esta obra, según sostiene el gobierno, representará para el futuro del desarrollo del país.

Este es el momento de hacerlo, después es demasiado tarde, y considerando que por cultura  todo se nos olvida, más viniendo de los políticos, no hay que alargar más este asunto.

Obviamente en estas negociaciones,  habrá que dejar de  lado a todo coyote, perdón, ejecutivos de gestión e intermediarios, o algún aspirante salvadoreño al premio Nobel, en alusión a su desinteresada defensa de la humanidad,  que como buenos buitres  siempre están  prestos a la cacería  de unos cuantos dolaritos, que más hoy, en tiempos de crisis, no caen nada mal, que es válido, pero lo que  no se  vale, ni se justifica por ningún motivo, es que lo hagan bajo la bandera de la supuesta  defensa de los pobres. Esto es condenable.

Uno, de varios, de los puntos en discordia  y que es mencionado en los  primeros escritos de la SIGET, que se refiere a la concesión, es que se aduce que la CEL ha estado operando las cuatros grandes centrales hidroeléctricas, situadas en el lago Güija y en el río Lempa, en contravención a las disposiciones del artículo 105 de la Ley General de Electricidad, la cual obliga que para la explotación de los recursos hídricos y  geotérmicos, debe contarse con una concesión, que el Estado otorga a través de SIGET, y que se contempla El art. 12 RLGE y que reza “Para los efectos del presente Reglamento, Concesión es el acto otorgado por la SIGET, por el que se faculta a un particular para explotar un recurso hídrico o geotérmico determinado, con la finalidad de generar energía eléctrica.

Independientemente de la interpretación que las partes involucradas alegan a su favor, lo primero que hay que dejar claro es que la CEL, en su naturaleza estatal pura, y no cualquier injerto que se haya derivado de su figura, no es ningún ente particular, sino una Institución Pública, parte del Estado, creada por mandato legal precisamente para explotar los recursos hídricos y geotérmicos.

Por tal razón, no puede, ni debería, ni es ético, ni correcto, y sí malicioso, el querer supeditársele al cumplimiento de una ley usura, cuyo espíritu central, refiriéndome al contenido de la LGE, que data del 96, obedece al establecimiento de un sistema energético anticompetitivo,  excluyente y, tendiente al debilitamiento de la CEL como generador y actor fundamental del Estado en el mercado energético. De ahí se deriva la palabra concesión.

Da la impresión que no se aprenden lecciones, se sigue queriendo afrontar y resolver los problemas, atacando los efectos, y no sus causas.

Lo que  se debería de estar planteando para el caso analizado, no es estar poniendo parches  ni sacándole ventajas  personales y políticas a estas ambigüedades de la LGE,  sino hacer una revisión o una reforma integral, aparte de actualizar la ley orgánica de CEL, que permita cerrar de una vez por todas, todos aquellos megahoyos, huecos o malas interpretaciones que han servido y permitido qué irresponsablemente a la CEL se le haya hecho partícipe de acuerdos comerciales o asocios que muy poco beneficio han representado para el país.

Siendo la última cola de estos ejemplos, la mala experiencia evidenciada en el desafortunado negocio llevado a cabo en GESAL, hoy LaGeo, y por el cual, incluso, la CEL enfrenta en la actualidad un arbitraje internacional, con la Italiana  ENEL, disputándose y estando en juego, nada menos, que el control y las decisiones sobre la  rentabilidad económica que se deriva de la explotación  del recurso geotérmico, y que valdría la pena que el gobierno actual y la misma CEL pasen, de una postura del hermetismo  y  secretismo, a una posición más protagónica y pragmática que permita vislumbrar con certeza cuál va ser el desenlace final en torno a esta situación, y sobretodo cuál sería, o cuál va ser  el camino trazado de aquí en adelante para el desarrollo de la geoelectricidad en nuestro país, un recurso con muchas bondades, pero que gracias a la apatía  y a las ingenuas decisiones tomadas por  administraciones pasadas,  hoy en día  transita  de fracaso tras fracaso, como lo demuestra los nada alentadores resultados obtenidos en todos los nuevos proyectos, en los que incluso la ENEL se ha visto involucrada: Área de Cuyanausul  en Ahuachapán, San Vicente, la eventual falla de origen ocurrida en la turbina de la planta de Berlín,  como denunció la CEL, lo logrado a la fecha en el viejo proyecto de Chinameca, y la reciente ultima polémica que pasó la alianza ENEL/LaGeo/PSB en la aventura chilena, en el proyecto del Tatio, cuyo escándalo por la erupción de uno de los pozos geotérmicos, por una supuesta  mala operación,  causó  la eventual  suspensión del proyecto, y la definitiva terminación de contrato para PSB.