Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

Un informe de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre la actuación del Estado frente al fraude financiero cometido por la Casa de Corredores de Bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), fue presentado a la población.

El resumen ejecutivo de la PDDH explica que las investigaciones realizadas implican a las instituciones del Estado encargadas de velar por la transparencia financiera, de incumplimiento de su deber estatal de “garantizar y prevenir la vulneración de los derechos humanos” de los ahora estafados.

Además de violentarles el derecho de acceder a la justicia y a conocer la verdad de los hechos ocurridos, el Estado omitió cumplir con su deber indelegable de investigar, procesar y sancionar a los verdaderos responsables de los ilícitos, obligaciones primarias para que se pueda llegar a la restitución de los derechos humanos vulnerados, señala el documento.

La PDDH cuestiona directamente el accionar de la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador y la Comisión Especial que la Asamblea anunció públicamente el 19 de julio de 2004, para investigar el caso.

Por lo que a través de su titular Oscar Humberto Luna, recomendaron al superintendente del Sistema Financiero realizar una investigación “integra”, con garantías del “debido proceso” puesto que la OBC y sus empresas relacionadas han omitido información que podría inculpar a más involucrados.

Hasta el momento sólo el expresidente de la OBC, Julio Villatoro Monteagudo, ha sido extraditado al país para responder ante la justicia por el defalco de $8.9 millones de dólares, aunque el fraude se venía dando desde 1997 y pudo ser mucho más millonario aseguran los afectados.   

Rossana de Rodríguez, secretaria del comité que representa a 132 afectados, no descartó en acudir a los tribunales internacionales para lograr una pronta y cumplida justicia si no se logra un avance en los tribunales nacionales, puesto que el informe de la PDDH, les brinda una herramienta, para impulsar la investigación, afirmó de Rodríguez .