Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

Si El Salvador quiere que los niveles de violencia disminuyan, las autoridades tienen que trabajar desde ya en un pacto social que combata la desigualdad y exclusión.

Esa es la recomendación que hace el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de desarrollo humano 2009-2010 denominado “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”.

El documento indica que el país y Centroamérica precisan de un “contrato por el civismo” para garantizar el respeto a la ley, la reconstrucción de lo público y la inclusión social.

La inclusión social es un desafío de “gran envergadura” para el país y, superar este vacío, requiere de la implementación de políticas laborales que garanticen a la ciudadanía tener un empleo digno, así como el incremento del gasto social público.

El informe del año pasado del PNUD apuntaba ya sobre la exclusión y la desigualdad social. En ese informe se detallaba que sólo dos de cada diez salvadoreños y salvadoreñas tenían un empleo digno.

En el de este año dice que la tasa de desempleo oficial entre los jóvenes es del 14.3% en la región.

“Las familias en tensión, la falta de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, la abundancia de hombres jóvenes marginalizados, la urbanización acelerada y desordenada, la proliferación de armas de fuego, la desigualdad, los rescoldos del autoritarismo y las guerras o una cultura de violencia, son desajustes que presenta el país y toda la región”, dice el informe del organismo de las Naciones Unidas.

La violencia está ligada a la exclusión social y la representante del PNUD en el país, Jessica Faieta, dijo que El Salvador puede resolver el problema de la inseguridad con el fortalecimiento de lo social.

“Una de las principales propuestas de este estudio apunta hacia la necesidad de fortalecer la capacidad social, técnica e institucional que permitan al país dar una respuesta adecuada a los desafíos de la inseguridad y la violencia”, manifestó Faieta.

El informe del PNUD indica que en el país circulan 429 mil 719 armas de fuego, siendo uno de los países con mayor número de armas en Centroamérica. En la región circulan por las calles casi tres millones de armas.