Jaime Martínez Ventura. Abogado.
Director de la ANSP

Incluso una política integral que combine la aplicación correcta de la ley, el ejercicio legítimo del ius puniendi, dentro del los causes del Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho,  con políticas sociales integrales, amplias y sistemáticas, tenderían a fracasar si no se logra controlar, reducir o suprimir la mortal rivalidad entre las dos principales pandillas de nuestro país como son la Mara Salvatrucha (MS) y el barrio 18. Desde hace casi una década, he sido una de las personas que cree en la necesidad de propiciar un proceso de diálogo y entendimiento entre estas agrupaciones rivales.

Como muestra de ello en un artículo que escribí en 2004 denominado Respuestas a la violencia de las pandillas en El Salvador, contenido en mi libro “Límites democráticos al poder Penal”, expuse: “Creo que, en países como El Salvador, donde el fenómeno de las pandillas es tan fuerte, se requiere de un proceso de diálogo y negociación entre pandillas rivales, para establecer treguas o acuerdos duraderos de paz, que sirvan como trasfondo para el desarrollo de los planes y programas de prevención y reinserción.

 Si esto no se toma en cuenta, cualquier esfuerzo estará seriamente limitado. Si en El Salvador pudo acordarse la paz entre grupos políticos y militares diametralmente opuestos, ¿Por qué no puede hacerse algo similar con este problema tan complejo? (…) es necesario que todo programa de prevención o reinserción social, tome en cuenta lo que piensan, quieren y temen los pandilleros/as especialmente sus líderes, porque el pandillero y pandillera no están en total libertad para elegir entre continuar activamente en la pandilla o calmarse para integrarse a dichos programas.”

En otro artículo denominado Violencia y delincuencia juvenil en El Salvador: del enfoque punitivo a la perspectiva preventiva y mecanismos de justicia no convencional, que me fue publicado en la Memoria del Congreso Internacional Juventud, Seguridad y Justicia en Centroamérica, en el 2008, expuse que este fenómeno no puede tener solución exclusivamente con la tradicional justicia retributiva o punitiva, sino que debe darse paso a dos formas de justicia no convencional: la justicia restaurativa y la justicia de transición.

La primera ya es bastante conocida en nuestro medio porque tanto en la legislación penal para adultos como en la Ley Penal Juvenil, existen mecanismos como la conciliación, la reparación del daño, el trabajo de utilidad pública o trabajo comunitario y otras modalidades de esta específica y especializada modalidad judicial. Sin embargo, me parece que debe extenderse todavía más sus alcances y no como hasta ahora ha sido, que se ha ido restringiendo de manera sistemática hasta conseguir el grave hacinamiento carcelario que tenemos en los centros penales y en los centros de internamiento para personas adultas y menores de edad.

Asimismo, expongo que no basta con la justicia restaurativa, si no que dada la complejidad social del fenómeno y la rivalidad letal entre las dos grandes pandillas, este fenómeno debe ser tratado como lo que en realidad es, como un  conflicto armado y por lo tanto se debe recurrir a procedimientos específicos para ese tipo de conflictividad. 

Deben aplicarse medidas propias de la llamada justicia de transición o justicia transicional, al fenómeno de las maras o pandillas. Concretamente es necesario, poner en prácticas programas especializados, a nivel nacional y local, tendientes a lograr el cese de la violencia de las pandillas y su incorporación a la sociedad de forma pacífica. Se trata, en pocas palabras de buscar una salida a través del mecanismo de Desarme, Desmovilización y Reintegración, conocido por sus siglas como “DDR”, que ha sido aplicado en muchos países después de un conflicto armado.
En El Salvador hay precedentes sobre la viabilidad que puede llegar a tener un proceso de diálogo y negociación con las pandillas.

Al respecto puede citarse el esfuerzo realizado por organismos de la sociedad civil con el apoyo de la Señora Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Antonieta Perla en 1996, a un año de haber iniciado la nueva legislación penal juvenil, cuando fungía como Jueza Primera de Menores de Santa Tecla, mediante el cual se logró firmar un acuerdo de entendimiento y de cese de la violencia entre la mara MS, los empresarios del transporte público, conductores de autobuses y representantes de la comunidad San José de El Pino.

A nivel internacional existe también un esfuerzo regional impulsado por la organización no gubernamental brasileña “Viva Río”, que además de Brasil, lo está aplicando en varios conflictos en Haití, bajo la modalidad denominada Movilización, Desarme e Inserción Social (MDI), una adaptación del DDR, mediante el cual se pretende generar las condiciones necesarias para ofrecer una posibilidad de salida real a los jóvenes involucrados en violencia armada.

Los creadores del MDI, sostienen que en contextos de violencia armada, el primer paso debe ser la Movilización por la necesidad de que se establezcan contactos informales de construcción de confianza, en los que se debe tener en cuenta dos condiciones fundamentales: primero, la existencia de un marco legal que permita acercarse y hablar con los grupos violentos, incluyendo la participación de autoridades gubernamentales. Segundo, la capacidad cultural de los actores que estén facilitando o mediando en el proceso. Es necesario que esas personas entiendan la lógica, las dinámicas y el comportamiento de las personas que participan en la conflictividad armada con el objetivo de crear intereses comunes y un marco seguro para la negociación.

Sólo después de este primer acuerdo es posible avanzar a la fase de Desarme. En esta etapa lo más importante no es tanto la entrega de armas  por parte de los combatientes como en el caso del DDR tradicional, sino que se debe pensar en un desarme no sólo de las personas sino que también debe incluir la implementación de medidas prácticas de control del uso de las armas de fuego, sea por los ciudadanos, la policía y los integrantes de las bandas delictivas.

Esto implica la construcción de un pacto (tácito o explícito) con el Estado que entre otras cosas requiere de un enfoque de policía comunitaria, así como la mayor corresponsabilidad por parte de las autoridades gubernamentales de ejercer un mejor y mayor control sobre sus propios arsenales de armas y municiones, a través de la aplicación de medidas como el marcaje, una eficiente gestión de los arsenales o la destrucción de los excedentes, entre otras medidas.

Sin pretender que la experiencia de Viva Río puede ser fácilmente trasplantada en el contexto salvadoreño, es muy importante tenerla en cuenta como una posible salida al conflicto entre las pandillas, ya que no se trata sólo de un modelo teórico, si no de una propuesta probada exitosamente en Bel-Air, Puerto Príncipe, Haití,  donde se firmaron dos acuerdos de paz, uno en 2007 y el otro en 2008, entre varios líderes de grupos armados, con la participación de la Comisión Nacional de DDR, la representación brasileña de la Misión de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y Viva Río.