Daniel Trujillo
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

La defensa del Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, durante la presentación y explicación del proyecto de Presupuesto 2010, duró más de una hora.

El funcionario aclaró a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, especialmente a la fracción arenera, que no existe una política de despidos.

Cáceres explicó que en el gobierno de izquierda no existe tal práctica. Él lo sintetizó de esta forma: desde el uno de junio a la fecha se registran 979 renuncias y 447 despidos.

“No entraré en detalles si es política o no, porque no me corresponde hacerlo”, le indicó a los parlamentarios de derecha.

El titular de Hacienda añadió que si existiera una política de este tipo, ya no trabajarían en el gobierno personas “del más alto nivel de ARENA y que estaban destacados en la casa de campaña de ARENA”.

Según Cáceres, este número de personas, que renunciaron y fueron despedidas, representa apenas el uno por ciento del total de trabajadores públicos, que ascienden a 127 mil.

El principal partido de oposición, ARENA, ha puesto como condición para aprobar los créditos que necesita el Gobierno, para el otro año en materia de financiamiento, que se garantice la estabilidad laboral de empleados públicos, no se incrementen tarifas de servicios públicos y cumplir con la ratificación de reformas constitucionales pendientes.

Así lo dejó en claro ayer Donato Vaquerano, jefe de bancada de ARENA, previó al encuentro programado entre la Comisión de Hacienda y Cáceres.

Este lunes arrancó oficialmente la discusión del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010.

El partido de oposición sabe que para la aprobación del mismo, el FMLN sólo requeriría de 43 votos, que fácilmente los puede conseguir con las otras bancadas legislativas. No así con los 56 votos que se necesitan para ratificar varios créditos internacionales, que para el nuevo gobierno servirían de financiamiento de un presupuesto extraordinario, de más de $400 millones, que se alimentaría de créditos que deben ser ratificados por el congreso.

El titular del Erario público explicó que el aumento de $65 millones para puestos “burocráticos” contemplados en el Presupuesto 2010 se distribuyen en la Corte Suprema de Justicia, la Policía, los Ministerios de Salud, de la Defensa y Trabajo, la Fiscalía, entre otros.

Sólo ahí se destinarán $45 millones, mientras que otros $15 millones se orientarán a cumplir con el escalafón de los trabajadores públicos.

Ayer, el titular de Hacienda comentó durante la reunión de todo el día con diputados de la Asamblea, que el país como el resto del mundo está sufriendo el impacto negativo de una crisis económica internacional, y que no da señales alentadoras a la economía local.

Es más, recalcó que la deuda actual del país asciende a $44.9 millones, pero para el otro año esta estaría subiendo al 47% y en 2011, la misma llegaría al 49%, para ello, dijo que el gobierno requerirá también de apoyo del órgano legislativo, para aprobar una reforma fiscal que serviría exclusivamente para el pago de esta deuda, explicó.

El proyecto de presupuesto asciende a $3 mil 654 millones y han reiterado las autoridades de Hacienda, que está totalmente financiado. Sólo requeriría de un presupuesto extraordinario que posteriormente se solicitaría garantizarlo al congreso, a través de créditos que necesitan ser ratificados.

El partido ARENA, viendo esta necesidad, se mantiene en que no darán tan fácilmente sus votos en relación a que se requieren de 56 para garantizar los préstamos. Sin embargo, Francisco Merino, diputado del PCN, dijo que en el presupuesto ordinario no hay mucha discusión es sólo la proyección de gastos que el Estado se plantea en un año.

En cuanto a los condicionamientos de ARENA, sólo pidió que la derecha “no cometa los mismos errores que en el pasado cometió el FMLN”.

En relación a que si sólo se van a oponer por oponerse “van a actuar mal”, ya que las consecuencias a futuro son mayores, consideró.

La discusión del presupuesto arrancó esta semana y para el próximo lunes los titulares de la Corte, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad se reunirán con la Comisión de Hacienda.