Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La sociedad salvadoreña está lista para que en el país se implemente las intervenciones en las telecomunicaciones, como una herramienta para combatir el delito.

Esa es la apreciación que hace la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), quien insta  a la Asamblea Legislativa aprobar una ley secundaria que garantice a la persona resguardar su derecho a la intimidad.

Para este tanque de pensamiento, el país necesita de “herramientas efectivas” en el combate a la delincuencia y la intervención en las telecomunicaciones abonaría a ello. El gerente del departamento de estudios legales de FUSADES, Javier Castro, dijo que la ley de la intervención no resolverá todo el problema, pero ayudaría.

“Puede ser efectiva, pero tiene que ser muy bien utilizada”, sostuvo Castro.

La Asamblea Legislativa anterior modificó el artículo 24 de la Constitución, el que prohibía la interferencia y la intervención telefónica. El actual Congreso ratificó la modificación y entró en vigencia el 12 de junio pasado.

Por el momento, está en discusión la creación de una ley de intervención a las telecomunicaciones y FUSADES propone que la normativa establezca controles internos y externos después de la intervención. La coordinadora del área de institucionalidad democrática de FUSADES, Laura Rivera, indicó que el tiempo máximo para aplicar una intervención en la telecomunicación rondaría 30 días.

Este organismo de la sociedad civil propone que los órganos Ejecutivo y Judicial tendrían que elaborar reportes a la Asamblea para conocer si la intervención rinde sus frutos.

La Fundación agregó que los reportes tienen que ser de acceso público “para que la ciudadanía conozca las actividades de inteligencia que se realizan”.

“Recomendamos que se contemple una solicitud de prórroga”, añadió Rivera, quien dijo que se debería de retomar el modelo de los Estados Unidos.

FUSADES asegura que está normativa se utilizaría para combatir el crimen organizado, el lavado de dinero, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y las extorsiones.

Para esta semana se prevé que el Parlamento inicie las consultas pertinentes para posteriormente aprobar o no una ley especial de intervención a las telecomunicaciones.