Nicolás Cerón
Redacción Diario Co Latino

Bien dice el dicho que la justicia es ciega, eso quedó en evidencia, según las comunidades, luego que recientemente la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia falló en contra  de no menos 526  familias propietarias de terrenos de las comunidades Estero Mar, Playas de Jaltepeque, Arenas de Jaltepeque y Playa Dorada, todas de la Costa del Sol, en el municipio de San Luis La Herradura.

La Sala ordena anular los títulos de propiedad de todos estos residentes, llevándose de encuentro dos escuelas, tres iglesias, el local del Ministerio de Salud, negocios diversos y una cancha de fútbol, entre otros.

Las cuatro comunidades se organizaron en Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), en el año 1993, obteniendo la personería jurídica a través del Ministerio del Interior (hoy Gobernación) durante el gobierno arenero de Alfredo Cristiani.

Con la personería jurídica, las comunidades pudieron instalar energía eléctrica y servicio telefónico. En 1996 obtuvieron los títulos de propiedad registradas por el Centro Nacional de Registro (CNR).

Fue el alcalde arenero, Arístides Porteño, quien entregó los títulos de propiedad en un radio de 80 manzanas a 16 familias que posteriormente lotificaron a centenares de compradores.

El problema es que las ochenta manzanas estaban inscritas desde 1977 en el registro nacional a nombre de los tres ahora beneficiados con el fallo de la Sala de lo Civil.

Según Carlos Leiva, miembro de una de las comunidades afectadas, en el año 1977, parte de la zona, hoy en disputa, era cubierta por el agua, por lo que no se explica como adquirieron los títulos de propiedad. “Quien supuestamente vendió fue un señor de apellidos Aguilar Fernández a la Sociedad Punta de El Sol, propiedad del empresario Juan José Domenech”, comenta Leiva.

En 1996, la alcaldía municipal publicó los edictos en uno de los diarios de circulación nacional y nadie se opuso, por lo que la municipalidad procedió a la escrituración, se dijo.

Ahora, los supuestos dueños, a favor de quienes la Corte falla son Alfonso Tomás Carbonell, Francisco Javier Callejas Malaina y Jaime Pascual, que según las comunidades son de origen libanés.

Las ochenta manzanas que reclaman comprenden desde el Hotel Pacific Paradise hasta la Puntilla. “Las tierras no son negociables”, dijeron los propietarios de los inmuebles, que el pasado domingo se reunieron para planificar poner un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, acciones de calle, con el fin de defender lo que por años les ha pertenecido.

Los pobladores de los diferentes caseríos pidieron a los diputados modificar las Leyes y Decretos, porque así como están, sólo favorece a los ricos.

Los miembros de las comunidades aglutinadas por la Coordinadora de la Costa del Sol, del municipio de La Herradura, piden la organización de los pobladores para resistir toda represión que pueda venir de parte de los grupos de poder. El llamado es para que nadie abandone o venda sus propiedades, sino todo lo contrario, que se unan para resistir las embestidas que puedan estar planificando dichos grupos.

Tras siete años de trámites legales, los residentes dicen que van por un nuevo intento y es presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, para ello, las comunidades ya trabajan junto a sus abogados.

También, unos tres mil 500 habitantes de las comunidades La Colorada, Tasajera, La Puntilla, Brisas de Jaltepeque, Cuatro Vientos y Los Tubos, se encuentran en posesión de áreas nacionales desde hace más de 34 años, que con el pasar del tiempo, y con mucho sacrificio, han construido sus viviendas.

Se agregan Conchalito, Los Blancos, El Mozote, El Bordo Chele, El Samaritano, Victoria 200 y San Carlos Uno.

Según los habitantes, se encuentran amenazados por los empresarios Jorge Elías Bahaia, Salvador José Simán, Teófilo Simán, Patricia Jenny Simán de Benedek, Alice Magdalena Daboub de Simán, Luis Enrique Samour, Juan José Domenech, Antonio Closa Aguilar y Mauricio Altamirano.

Los registros de los habitantes dan cuenta que a principios del siglo XX ingresaron al país un buen grupo de libaneses y palestinos haciéndose pasar o fingiendo ser de nacionalidad turca, ya que poseían documentos turcos.

Con el pasar de los años, sus descendientes  se insertaron por medio del poder político, para administrar todas las esferas del estado, creando leyes para afianzar el poder y repartirse los bienes, adjudicándose grandes porciones de tierra por medio de documentos viciados o fraudulentos. Los habitantes también denunciaron la toma de 60 manzanas de terreno en Punta Tasajera, lugar en el que personeros de apellido Saca, construyen  pequeños hoteles, dijeron.