Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

El gobierno del presidente Mauricio Funes recibió de la administración Saca un sector público quebrado. Esta es una de las conclusiones que se desglosan de la investigación: “La difícil herencia para la construcción de un nuevo país” realizada por Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Esta investigación, según Raúl Moreno, coordinador del área de investigación,  se divide en cuatro partes: la primera hace una valoración sobre la situación económica, social y política en el país, antes de la toma de posesión del Presidente Mauricio Funes, y  explora las condiciones en que la administración del ex presidente Antonio Saca dejó el país.

De acuerdo al especialista, la segunda parte explora las principales políticas públicas, económicas y sociales de los años 2007-2008 con criterios de Derechos económicos, sociales y culturales..

El tercer apartado busca identificar, a partir de los presupuestos generales de la nación, cuáles son las asignaciones presupuestarias que se realizan en las diversas áreas, para verificar si estas corresponden a criterios de Derechos Humanos.

La última parte de este estudio es un seguimiento periodístico de cada uno de los Derechos económicos, sociales y culturales, para ver cómo se ha comportado cada uno de estos en el periodo de los años 2007 y 2008.

Dentro de las conclusiones a que se llegó, es que la aplicación de las políticas públicas, en lugar de favorecer el cumplimiento de los Derechos Humanos, llevó a la regresión de los mismos, señaló Moreno, también que los sectores más vulnerables estuvieron invisibilizados por estas políticas.

La administración del ex presidente Saca entregó las arcas del Estado con un agujero fiscal que supera los 1 mil 200 millones de dólares, con ingresos públicos que son insuficientes para poder cubrir los requerimientos financieros del mismo  gobierno y para enfrentar sus propias políticas públicas.

También, la investigación concluye que hay un enorme deterioro de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, y que éste se puede profundizar con “los mega proyectos de inversión, ya sea represas, las empresas dedicadas a la extracción de minería metálica, empresas térmicas que operarán en La Unión, quemando carbón”, indicó Moreno.

Agrega que los niveles de empobrecimiento de la población han crecido, en un 50% en el campo y en un 40% a nivel nacional. El estudio también  refleja que estos problemas no sólo se heredaron de la  administración Saca, sino de los 20 años de políticas neoliberales impulsadas por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De acuerdo a  Moreno “el  sistema  económico salvadoreño es una maquinaria perfecta para crear desigualdad y empobrecimiento”; pero a esto hay que agregar la crisis financiera internacional, esto afecta al país por el nivel de dependencia que hay, en especial de la economía de los Estados Unidos.

De acuerdo a FESPAD, son necesarias las medidas urgentes para paliar la situación que refleja el estudio, pero estas deben ir contempladas en un plan para mediano y largo plazo.

Para Moreno, las medidas de corte social aplicadas por el gobierno de Funes en los primeros cien días, han sido acertadas para aliviar a los sectores más vulnerables en esta crisis.

Moreno señaló que dan el visto bueno a estas medidas, pero que la mejor política social es una buena política económica. Sin embargo, cree que aún no hay señales que denoten un cambio importante en las políticas públicas.

Considera que dentro de las nuevas medidas económicas, que deberían implementarse  no sólo se debe combatir la elusión,  la evasión de impuestos, y el contrabando,  sino también se debe revisar la Ley de Impuestos sobre la Renta.

Con esto podría considerarse que las personas en situación de mayor pobreza estén exentas del pago de impuestos y quienes tienen mayores ingresos puedan aportar  al fisco de acuerdo a sus entradas. También sugieren impuestos para el patrimonio de las riquezas, a los productos altamente contaminantes, a los productos de lujo.

Aseguró que aún no han visto, la decisión de intervenir en los mercados oligopólicos y monopólicos del país, por ejemplo, el mercado de hidrocarburos, de los derivados del petróleo, el mercado de importación de productos alimenticios, que según él, todavía están concentrados en unas pocas empresas.

En este sentido, el mercado de insumos agrícolas todavía está concentrado en dos empresas, expresó Moreno. La regulación de los precios de los productos básicos es otro punto pendiente, finalizó.