Zoraya Urbina
Óscar López
Redacción Diario Co Latino

De manera tajante, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, afirmó que la posición del Gobierno salvadoreño en torno al golpe de Estado en Honduras es de condena.

Según Martínez, desde el primer día la posición de la administración Funes ha sido firme e invariable al pedir que se restablezca el orden constitucional, mismo que se rompió con la expulsión del presidente Manuel Zelaya.

El funcionario explicó que el gobierno del presidente Funes, exige el pronto retorno del presidente constitucional de Honduras, pero, además, que debe buscarse una salida a la crisis que viven los  distintos sectores en el vecino país.

También explicó que el presidente Mauricio Funes en su declaración ante las Naciones Unidas (ONU), dejó claro que los resultados de las elecciones que prevé el gobierno de facto, no pueden ser reconocidos en el contexto actual de irrespeto a los Derechos Humanos de parte de los golpistas.

Ante las declaraciones de los golpistas, en relación al apoyo que Brasil está brindando a Zelaya al darle albergue, Martínez dijo que la embajada goza de inmunidad diplomática de acuerdo a la Convención de Viena, que establece que las embajadas son considera-das territorio del país que representan.

Por tanto, señaló que cualquier acción en contra de la sede diplomática de Brasil, se interpretaría como una acción en contra del territorio y el Gobierno brasileño.

En cuanto a las críticas que el gobierno golpista ha lanzado en contra de la administración Funes, el canciller dijo de manera enfática que no responden a estas porque no reconocen “ a los que dicen ser gobernantes de Honduras”.

El Salvador retiró a su embajador del hermano país, luego del golpe de Estado, por el momento sólo hay un encargado de negocios en la embajada.

Exigen respeto a Derechos Humanos
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo  (PIDDH) brindó su posición sobre los últimos acontecimientos en Honduras.

Esta organización considera que en dicho país existen graves violaciones a los dere-chos humanos de los ciudadanos hondureños y, sobre todo, a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Según la PIDDH, estas violaciones son cometidas por el ejército y la policía hondureña.

En cuanto al golpe de Estado, la PIDDH sostiene que es un problema del pueblo hondureño, pero que en el país los políticos de derecha están utilizando el tema para “sacar raja política”, demostrando con ello estar de acuerdo con el gobierno de facto y con las violaciones a los derechos humanos, por lo mismo le piden a la derecha política nacional a que sea “más realista”.

Por otra parte, Miguel Montenegro afirmó que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentará una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI), para que se investigue y sancione a los máximos responsables de los crímenes de persecución política que se han cometido desde el 28 de junio de 2009.

Esta denuncia la harán internacionalmente, porque la FIDH ha recogido una gran cantidad de testimonios que demuestran que las máximas autoridades de facto han violado los derechos humanos de manera generalizada y sistematizada desde el golpe de Estado, estas violaciones consisten en arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, tratos inhumanos, torturas físicas y sicológicas, deportaciones y expulsiones de líderes de diversas organizaciones y persecución a empleados públicos, alcaldes, jueces y diputados que se han opuesto al golpe de estado.

También la PIDDH hace un llamado a todos los grupos políticos para que ejerzan un papel más protagónico en tratar de resolver la problemática de Honduras, por lo cual piden incrementar la presión política y diplomática, exigiendo la inmediata implementación del Acuerdo de San José, para el beneficio del pueblo hondureño.