Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

El Gobierno de El Salvador tiene que cumplir con las recomendaciones que hiciera la Comisión de la Verdad, en su informe de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado, para que en el país exista un verdadera reconciliación nacional.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) le pidieron esto al gobierno de izquierda y lo plasmaron en un informe que será estudiado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en febrero del próximo año.

El director de las Américas del ICTJ, Javier Ciurlizza, indicó que el Estado salvadoreño tiene que cumplir “plenamente” con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en las que se destacan la divulgación más completa posible de los documentos que sirvieron de base para el informe final.

“Y de manera muy urgente implementar las recomendaciones referidas a la prevención de la repetición de los hechos, particularmente la persecución penal de todos aquellos que estuvieran involucrados en graves crímenes contra Derechos Humanos durante la guerra”, indicó Ciurlizza.

La Comisión de la Verdad fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz, para investigar las más graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto bélico.

El informe de la Comisión denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador” se dio a conocer el 15 de marzo de 1993. La Comisión recibió testimonio directo de dos mil personas con relación a siete mil víctimas. De todo este cúmulo de denuncias se elaboró una lista de 13 mil 569 casos de los que la Comisión seleccionó 32 considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia de las partes contendientes, la Fuerza Armada de El Salvador, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla del FMLN.

El director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, explicó que lo que se tiene que retomar es el cuarto grupo de recomendaciones, donde se indicaban las medidas para la reconciliación nacional.

“De eso no se cumplió nada; eran la reparación moral y material de las víctimas. Incluso sugería la Comisión que se destinara el uno por ciento de la cooperación internacional para crear un fondo para reparar materialmente a las víctimas y reconocer la honorabilidad de éstas”, manifestó Cuéllar.

Si bien se edificó un mural de las víctimas en el parque Cuscatlán, éste no fue hecho por el Estado, sino, por la sociedad civil; tampoco se ha realizado una “difusión amplia” del informe.
“Allí está el desafío del nuevo gobierno”, aseguró Cuéllar.

El informe enviado a la ONU se elaboró desde junio y se envió a inicios de septiembre. Tanto el IDHUCA como el ICTJ esperan que la ONU emita una resolución favorable a su causa.