Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Los nombres que se barajan para ocupar el puesto de Fiscal General no cumplen con el perfil más idóneo. Las asociaciones e instituciones aglutinadas en la Mesa por la Justicia Penal y Estado de Derecho rechazaron los seis nombre que se manejan en el proceso de negociación, que siguen los partidos políticos para elegir al funcionario de segundo grado.

David Omar Molina, jefe del departamento de derecho Penal de la Universidad de El Salvador (UES) y parte de la mesa, aseguró que los partidos políticos “no deben de casarse” con estos nombres y que se debe evaluar al resto de los aspirantes, ya que es una lista de 30 personas, no solo de seis. “Tenemos un universo y los diputados deben de sentirse libres para escoger de este universo, de manera que esos cuatro o seis nombres que se manejan no sean impedimento para elegir al Fiscal”, sentenció Molina.

Según trascendió en un medio de comunicación, existen cuatro nombres que se discuten, donde no figuran Astor Escalante, actual Fiscal adjunto y Henry Campos, Viceministro de Justicia y Seguridad. Sin embargo, algunos representantes de los partidos políticos han indicado que no existe acuerdo en estos nombres que se mencionan.

Para el jefe del departamento, la mención de nombres ha mantenido entrampado el proceso de elección del Fiscal, en un momento donde la situación del país requiere de una institución fortalecida para combatir el crimen organizado.

Levis Italmir Orellana de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES) y parte de la Mesa criticó que los parlamentarios no tomen en cuenta a la hora de elegir el perfil de los aspirantes.

“Los perfiles no importan, al final, a los políticos no les interesa el perfil del funcionario que puede ser electo, sino qué tipo de persecución del delito se va a hacer, a quién va a perseguir y a quienes no. Entonces, la negociación no va orientada a la capacidad del funcionario, sino a medir en qué nivel va ejercer su función y obedeciendo intereses que no forman parte del estado democrático”, sentenció el juez.

El operador de justicia resaltó la necesidad de elegir al funcionario que cumpla con el perfil idóneo y que se respete a las propuestas que tienen los diputados, ya que han pasado cinco meses del tiempo estipulado por la Ley para hacerlo.

Incluso, los miembros de la Mesa pidieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolver la petición de inconstitucionalidad que presentó en su momento la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD). En la presentación del recurso de inconstitucionalidad se demandó la revisión del artículo 30 de la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República, en el que se faculta al Fiscal adjunto a tomar decisiones, pese a que haya concluido el periodo del fiscal general, «lo cual contradice los artículos 192 y 193 de la Constitución de la República».