Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

El nuevo gobierno ha tenido que nadar contra la corriente para funcionar y hacer cumplir algunas de sus promesas. No es que no exista voluntad para hacerlo, sino que la crisis económica mundial, aunado a la herencia del mandato de Antonio Saca, hizo que las cosas vayan a paso lento, opinan las nuevas autoridades.

El gasto excesivo de la anterior administración dejó las arcas del Ejecutivo casi sin un centavo, de ahí que el Presidente de la República, Mauricio Funes, iniciara un plan de austeridad en el gasto público.

Y la reducción de las erogaciones se concretó con la firma de un decreto ejecutivo a inicios de junio, en el que se estipula la compra conjunta de material telefónico, papelería, agua envasada, y contratación de personal de limpieza y seguridad.

También se inició una cultura de “reciclaje” en los vehículos asignados por el gobierno, ya que en algunas instituciones se tenía exceso de automóviles y que funcionarios de las anteriores administraciones los utilizaban para uso particular.

Se prevé que los frutos de la austeridad signifiquen un ahorro de cercano a los $75 millones. La meta del gobierno es ahorrar $35 millones en gastos de recursos humanos y $40 millones en la compra de bienes y servicios. Eso por el lado del ahorro.

Luego, dio luz verde para la implementación del Plan Global Anticrisis. El programa es una respuesta de emergencia para paliar los efectos de la crisis económica y tiene un costo de $587 millones.

Está financiado en un 60% y resta obtener $229 millones, los cuales se buscarán con préstamos de organismos financieros internacionales, países amigos y entre otras formas de obtención.

A grosso modo, el Plan Anticrisis pretende proteger y estimular el empleo, así como la atención integral del pueblo salvadoreño en cuanto a necesidades de salud, educación y desarrollo humano.

El Presidente Funes aseguró que el Plan dará fortalecimiento a la estabilidad macroeconómica, el respeto al Estado de Derecho, y al saneamiento y manejo responsable de las finanzas públicas.
El director del Instituto de Investigaciones Económicas (INVE) de la Universidad de El Salvador (UES), Roberto Mena, aseguró que el Plan se enfoca a la protección social.

Uno de los objetivos del Plan radica en aprovechar la crisis para construir políticas de Estado económicas y sociales y Mena propone este punto para que el gobierno inicie su plan de desarrollo.

“El gobierno tiene que buscar cómo se va integrar la política social con la política económica”, indicó el director del INVE.

Mena asegura que Funes está siendo congruente con su discurso, porque sus acciones se enfocan en el plano social.

Otra medida de urgencia es el programa “Casa para Todos”. Este proyecto es parte fundamental del sistema de protección social universal con el que se beneficiará a 27 mil 947 familias de las zona urbanas y rurales del país.

Con el desarrollo del proyecto, se generarán alrededor de 41 mil 886 empleos directos y al menos 60 mil 855 empleos indirectos.

Reforma fiscal y Consejo Económico y Social
Una de las promesas de campaña de Mauricio Funes, cuando era candidato del FMLN, radicaba que cuando tomase la batuta del Ejecutivo trabajaría en una reforma fiscal.

Funes aseguraba que combatiría la evasión y la elusión fiscal, para que el gobierno recaudase más dinero a fin de enfrentar una brecha fiscal de $186 millones.

En términos simples, la reforma se concreta en esto: los que ganan más, tienen que pagar más impuestos.

La reforma fiscal se ha planteado por parte del Ejecutivo como el mecanismo por el cual espera incrementar los ingresos al fisco y poder así hacer frente a los gastos corrientes, inversión social y compromisos internacionales, además de otros.

En estos momentos, el Ministerio de Hacienda trabaja la propuesta y se prevé su presentación a la Asamblea Legislativa a finales de este mes.

El economista del departamento de la Universidad Centroamericana (UCA) y miembro de la Asociación de Economía Política, Roberto Góchez, señaló que en estos cien primeros días, Funes no ha impulsado la reforma fiscal, ni la iniciativa del impuesto predial.

El especialista sostiene que ambos son “muy importantes” para mejorar la recaudación del país, más en tiempos de crisis económica.

Y si de hablar de reforma fiscal se trata, el Consejo Económico y Social (CES) lo tiene como tema prioritario.

El CES es una instancia de diálogo y concertación sobre las políticas públicas que comenzó a funcionar la semana pasada.

El foro consultivo está integrado por 24 representantes de los movimientos sociales e igual número de empresarios, así como por otros 14 miembros, entre académicos, universitarios, investigadores e integrantes del gobierno.

Aunque sus recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento por el Ejecutivo, el foro permitirá a los diferentes sectores trabajar de manera conjunta por el bien del país, explicó en su oportunidad el Jefe de Estado.

El gran reto
Después de la delincuencia, la economía es el otro gran problema a solucionar por parte del nuevo gobierno de izquierda.

Según la última encuesta del Instituto Universitario de la Opinión Pública (IUDOP), el 24.7% de los abordados creen que el principal problema que afronta el país actualmente es el económico; luego, 12.3% dicen que es el desempleo, y, si a éste último sumamos la pobreza y el alto costo de la vida, se tiene un 12.4% de ciudadanos que aseguran que este es otro problema.

Los salvadoreños y las salvadoreñas sostienen que Mauricio Funes debe de centrar sus fuerzas en crear más fuentes de empleo, controlar el costo de la canasta básica y mejorar la economía.

El 61.2% de los encuestados por el IUDOP aseguran que hay cambios en la política económica, contra un 37.7% que creen que es más de lo mismo.

La población avala el Plan Anticrisis, tanto así que el 71.5% creen que mucho o algo ayudará a reducir el impacto de la crisis económica en las familias salvadoreñas.

Aunque Funes tiene una nota promedio de siete, esto porque las esperanzas de la gente con un gobierno de izquierda son grandes, la situación económica de las familias sigue igual (60.24%) o peor (24.8%). Este es el gran reto, mejorar los ingresos de la familia salvadoreña, especialmente el de las mayorías.